Perdón: acción de perdonar; remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente; indulgencia (remisión de los pecados). Así lo define el Diccionario de la Real Academia Española.
Entrevistado por periodistas de televisión, este lunes y martes, Andrés López Obrador refrendó que habrá perdón para los corruptos, los que no cabrían en las cárceles existentes. Fijó como nueva fecha, a manera de antes y después, el primero de diciembre.
Esa fue la “nota” sobresaliente, si bien también el tema de la inseguridad y combate al crimen organizado, así como su promesa de lograr que el país crezca a una tasa muy superior al dos por ciento anual, son otros temas relevantes.
Pero, ¡cómo! Y la controversia se desató. Tan solo para referirnos al ámbito local, ¿eso significa que habrá impunidad para los corruptos? Nos parece que no hay que confundirse. Ejemplo: yo puedo perdonar a alguien que cometió un delito en mi contra, que me hizo daño, pero no por eso queda a salvo de lo que al respecto determine el sistema de justicia.
La norma de la lengua precisa que corrupto es quien se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar; alguien dañado, perverso, torcido. Corrupción se define como la acción y efecto de corromper o corromperse; alteración o vicio en un libro o escrito; vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces.
En las organizaciones, especialmente en las públicas, corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
No somos vocería para defender al Presidente Electo. Simplemente, tratamos de entender lo que expresa y lo interpretamos de la siguiente manera:
Nos está diciendo que él, Andrés Manuel, perdona a los corruptos.
Empero, como Presidente carecerá de facultades para otorgar impunidad a quienes hayan cometido o cometan delitos. La Constitución General de la República, las Constituciones de los Estados, así como las leyes reglamentarias, han establecido la existencia de un Poder Judicial, federal y de los estados, que es autónomo.
Recordemos: hay tres poderes que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Solo en una dictadura se hace lo que ordena el jefe máximo: el dictador. “No seré un dictador”, afirmó Andrés Manuel. Y aunque quisiera serlo, el pueblo mexicano no se lo permitiría.
En conclusión: las nuevas autoridades, a todos los niveles, bien podrán perdonar a sus antecesores corruptos, pero de cualquier manera deberán cumplir y hacer cumplir el estado de derecho.
Veámoslo en el ámbito municipal en Tabasco:
Evaristo Hernández Cruz acaba de precisar que, conforme al marco jurídico vigente, al ayuntamiento de Centro no le corresponde presentar denuncias por probables hechos ilícitos ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, los expedientes respectivos quedan a disposición del Organo Superior de Fiscalización, que a su vez rinde cuentas al Poder Legislativo local.
En Huimanguillo, Macuspana y Balancán, Carmito Torruco, Roberto Villalpando y Saúl Plancarte harán lo mismo.
En el primero de esos tres casos, el charrito Sabino Herrera Dagdug dejó deudas por unos 170 millones de pesos. En Jalpa, Jesús Selván señala que el ex edil (negociante de cuentas públicas como diputado) Francisco Javier Cabrera, heredó un boquete de más de 200 millones.
Enrique Peña Nieto, al igual que los gobernadores y demás funcionarios salientes, deben leer bien lo que dice Obrador. El reclamo popular es: no más impunidad.
