Ya en las campañas de 1982, el combate a la corrupción era bandera política que solo sirvió como tapadera, como mera simulación, para continuar en lo mismo y todavía peor. De la “renovación moral de la sociedad” enarbolada por Miguel de la Madrid, llegamos en el pasado sexenio a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, con su marco jurídico y estructura burocrática para el país y en cada entidad federativa.
En el caso de Tabasco, el periódico oficial publicó el 15 de julio de 2017 la ley respectiva. Quedaron como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: Rafael Escalante López, Felícitas Suárez Castro, Neftalí Frías Díaz, Laura Alvarez Larios y José Alberto Pinzón Herrera.
Se definió a dicho comité como “la instancia colegiada integrada por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada”.
Durante más de año y medio ya, nada se supo de logro alguno. Lo que sí se conocen son actos de corrupción del gobierno de Arturo Núñez Jiménez -demostrable legalmente, en principio, el desvío de recursos como el que confesó públicamente el ex secretario de Salud- sin que el comité de notables haya dicho esta boca es mía.
El tema adquiere notoriedad por la renuncia de dos de los integrantes del comité, Felícitas Suárez y Felícitas Suárez, pero sobre todo por la del secretario ejecutivo Víctor Ernesto López Aguilera, ante la exigencia de austeridad.
Y es que el señor López Aguilera, por ejemplo, injustificadamente cobraba más de 90 mil pesos mensuales, según precisó este miércoles el gobernador Adán Augusto López Hernández.
La estructura del inútil y caro Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en avenida Méndez 1510 de esta capital y una plantilla de unos 20 trabajadores cuyos jefes han sido prácticamente aviadores con grado académico de maestría y hasta doctorado, se integra de la siguiente manera:
Secretaría Técnica, Unidad de Riesgos y Política Pública, Dirección General de Administración y Finanzas, Organo Interno de Control, Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, Dirección de Apoyo Ejecutivo, Coordinación de Difusión Institucional, Coordinación de Vinculación Interinstitucional.
Según la ley respectiva, “en el marco del Sistema Nacional anticorrupción, tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal y sus respectivas instancias, autoridades y órganos de combate a la corrupción, para la integración y adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción previsto en los artículos 113, segundo párrafo, de la Constitución General de la República; y 73 Bis y 73 Ter, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco”.
Mera palabrería. ¿Qué utilidad le representa esto al Estado? En su sitio de internet reporta la organización de algunas conferencias e invita a presentar denuncias.
Por ley, no puede desaparecer este organismo. No obstante, se le va a reducir la asignación presupuestal y ojalá sirva ya para algo.
“Yo espero que estén a la altura de las circunstancias”, comentó el gobernador.
Simulación es también corrupción.
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