El ex edil cunduacanense César Burelo, uno de los poquísimos ex alcaldes perredistas que dejaron el cargo sin cuestionamientos -al igual que Oscar Ferrer Abalos y Francisco Lastra González, y párele de contar- adelantó que MORENA prepara la iniciativa para crear la Secretaría de Combate a la Corrupción.
Sin violentar la Constitución y con respeto a la autonomía de los Poderes, la nueva dependencia eventualmente se encargará de darle estrecho seguimiento al ejercicio presupuestal, a la nómina, al método de asignación de obra y compra de los ayuntamientos, explicó el ahora encargado de la dirigencia estatal de ese instituto político.
Fijó tiempos: se contempla que la propuesta se concrete en abril próximo.
Lo que dijo el químico Burelo nos hizo recordar el viejo proyecto que motivó la salida de Andrés López Obrador de la presidencia estatal del PRI en Tabasco: las contralorías que vigilarían a los alcaldes y en general a los funcionarios, durante el sexenio de Enrique González Pedrero.
La idea del actual Presidente de la República era que el partido en el poder asumiera la plena responsabilidad de haberle abierto oportunidades de participación política a sus militantes y se hiciera portavoz e instrumento del sentir ciudadano, algo que en aquellos tiempos era una utopía.
Esta es la hora en que algunos alcaldes parecieran que, como reza el dicho, “ya se echaron pal monte” y disfrutan sin rubor de las delicias del poder, pese a que los diecisiete ayuntamientos enfrentan severas dificultades presupuestales.
Con la experiencia política que tiene, Burelo sabe que si un alcalde actúa mal, e incluso si hiciere cosas buenas que parezcan malas, la gente, los adversarios políticos y hasta los propios correligionarios, expresarán su decepción y ello afectará directamente al partido que llevó al poder al personaje en cuestión.
La semana pasada, el Congreso local legisló para que el Estado tenga plenas facultades para hacerles investigación patrimonial a los funcionarios públicos y sus familiares cercanos, los que con frecuencia son convertidos en prestanombres y luego resulta que de la noche a la mañana tienen empresas de proveeduría pública.
Hay cosas que son inocultables, como también reza otro dicho popular: la preñez y el enriquecimiento inexplicable.
De 1988 a la fecha, infinidad de presuntos luchadores sociales salieron más cínicos y corruptos que sus antecesores priistas en presidencias municipales.
Lo mismo han hecho diputados, senadores y dirigentes partidistas, como Juan Manuel Fócil, el flamante senador que aportó mucho para hundir al PRD y ahora se cree con autoridad moral para dar conferencias de prensa, y hablar de pulcritud y otras virtudes.
Ese es el mismo caso de dirigentes, ex dirigentes, ex alcaldes y ex legisladores priistas -si hemos de citar honrosas excepciones, nos quedamos con Heberto Cabrera, de Emiliano Zapata, entre muy pocos otros- los que ahora se desgañitan al presentarse como muy críticos. Y lo mismo hace cierta diputada del PRD, de la cual hay mucho que decir.
Solo falta que Agustín Silva Vidal se autoproclame como santo inquisidor, después de ser cómplice del más nefasto gobernador que se recuerde.
De los apuntes
Desde Comalcalco, en donde inauguró instalaciones del Poder Judicial, el gobernador Adán Augusto López Hernández recordó que tiene la plena facultad constitucional para decidir el nombramiento, permanencia o no del secretario de Seguridad Pública. ¿Entendido?
La idea del actual Presidente de la República era que el partido en el poder asumiera la plena responsabilidad de haberle abierto oportunidades de participación política a sus militantes y se hiciera portavoz e instrumento del sentir ciudadano, algo que en aquellos tiempos era una utopía.
