El asalto a mano armada al erario de los tabasqueños, y avecindados aquí, que cometieron Arturo Núñez Jiménez, Martha Lilia López Aguilera y prominentes miembros de su gabinete, por ningún motivo debe de quedar impune.
Como tampoco la monstruosa rapacidad de los ex alcaldes que despiadadamente quebraron a los municipios que mal gobernaron.
En primer lugar, porque con esos miles de millones de pesos que se robaron, y de los que el gobernador Adán Augusto López Hernández ha dado testimonios, como también algunos de sus más cercanos colaboradores, se pudieron hacer cientos de obras sociales que hubieran evitado o paliado el desastre generado en la economía.
Que hoy tiene a la población, y principalmente a los que menos tienen, que por desgracia son la mayor parte del pueblo, padeciendo grandes carencias, pues el desempleo continúa su marcha ascendente.
Como también los gravísimos problemas que hay en materia de seguridad pública. En el campo, en la ganadería, en la atención de la ciudadanía, tanto a nivel federal, estatal y municipal.
Si el mandatario es congruente con lo que ha declarado en diferentes entrevistas formales e informales, ninguno de los que ha sido duramente señalado y criticado como los sospechosos del monumental robo cometido a Tabasco, deben, bajo ningún pretexto o excusa, ser castigado con todo el peso de la ley.
El titular del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General y el propio responsable del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), están obligados legalmente a proceder en contra de ellos.
Sustancialmente, el Fiscal Jaime Humberto Lastra Bastar y el presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza que son directamente los encargados de la procuración y aplicación de la justicia.
Los expedientes deben estar bien armados y jurídicamente bien sustentados para que los defensores de los saqueadores no encuentren rendija de escape y para que los jueces del TSJ dicten correctamente las sentencias penales o civiles a la que se hayan hecho acreedores los delincuentes de cuello blanco que dejaron económicamente a la entidad en bancarrota, tronada.
Se llevaron maletas llenas de los dineros que puntualmente pagaron los contribuyentes de los impuestos de los tres niveles de gobierno.
Es lo menos que pueden hacer, por la ciudadanía, que desde el año pasado está pidiendo a gritos que se les aplique el Estado de Derecho a todos aquellos que, en el desgobierno de Arturo Núñez Jiménez, literalmente: “acabaron con la quinta y los mangos”.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador está procediendo en contra de los que descomunalmente vaciaron las arcas del pueblo mexicano, no veo el por qué, no puedan ser sentados en el banquillo de los acusados, Arturo Núñez Jiménez, Martha Lilia López Aguilera y todos sus compinches y testaferros, ni el por qué deban de ser la excepción de la regla.
Como dice el refrán: “O todos coludos o todos rabones”.
“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”
(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)
La Policía Estatal de Caminos (PEC), no solo debe de fusionarse a la secretaría de Movilidad, sino que su titular Julissa Riveroll Ochoa, debe de ser cesada por incompetente, mediocre y gris.
En serio, esta fémina, Betty Milland Pérez y Mayra Elena Jacobo Priego no dan una.
Quién sabe a qué “divinidad” tan poderosa están encomendadas, porque si por resultados fuera, desde cuando hubieran sido reveladas.
La PEC, ni pies ni cabeza.
El Congreso, está pa´llorar.
Y la secretaría para el Desarrollo Económico…de mal en peor.
Este es el gran problema de andar improvisando, experimentando…
Desde luego, que no son los únicos que están fallándole al gobernador, pero sí, los casos más notorios, preocupantes.
Qué mala suerte tiene los priistas tabasqueños con los delegados campechanos, Genaro Lorenzo Abreu, resultó más baladí que Jorge Salomón Azar García.
Nada más vienen a echar la hueva.
Se la llevan de a muertito.
