Es de dominio público el hecho que, a partir del año 2013, los Ayuntamientos en el Estado de Tabasco tienen la mala práctica de exigir el cobro o pretender cobrar a todos los establecimientos comerciales en el Estado, licencias de funcionamiento, anuencias previas, y en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios.
Lo anterior, por medio de “invitaciones”, o en casos más violentos, mediante procedimientos coactivos que incluyen clausuras de establecimientos mercantiles.
En la mayoría de los municipios del Estado las quejas de los organismos empresariales en contra de los Ayuntamientos pueden resumirse en el sentido que las administraciones municipales pretenden cada año, exigir pagos por los conceptos y rubros que son a todas luces arbitrariedades de las autoridades municipales.
Resulta claro que las prácticas en que incurren los Ayuntamientos en el Estado violentan la Ley de Coordinación Fiscal Federal, además del artículo 31, fracción IV de la nuestra Carta Magna.
Cabe señalar que a los municipios –en este caso del Estado de Tabasco- se les entregan recursos públicos con cargo al Fondo de Fomento Municipal como consecuencia de los efectos del marco de coordinación fiscal entre la Federación y el Estado de Tabasco. Dicho de otra manera, a los municipios se les entregan recursos públicos como compensación por no mantener en vigor cargar impositivas y exacciones a cargo de los contribuyentes en la materia objeto de la coordinación.
Sin duda, el Congreso no puede permitir que los ayuntamientos cometan un robo institucionalizado que se realiza en contra de los contribuyentes de este Estado, aún más, cuando se encuentra de por medio el pacto fiscal federal celebrado entre ambos órdenes de gobierno, y sobre todo, por las consecuencias que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal federal puede tener, esto es, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reste de las participaciones federales que le corresponden al Estado las cantidades que permisiva e ilegalmente se permiten cobrar a los Ayuntamientos.
El Congreso del Estado se encuentra obligado a intervenir en dicha situación, puesto ante el difícil entorno económico que se vive en nuestra entidad, resulta contrario a la moral del sistema tributario, por ello el PVEM seguirá pugnando para que los Ayuntamientos no pretendan ingresar recursos públicos fuera de la Ley, y aprovechando que en ocasiones los empresarios desconocen el marco legal, o, por otro lado, prefieren cubrir dichos cobros para evitar litigios o confrontaciones con la administración municipal.
