/ viernes 4 de septiembre de 2020

Combate a la corrupción: tarea diaria 

El quehacer público debe obligatoriamente dignificarse, por eso en el PVEM vimos de manera positiva la destitución en su momento de la Alcaldesa de Jalapa, y en esta misma semana el alcalde de Macuspana. Ambas administraciones señaladas de corrupción e ineficiencia.

En el Verde estamos convencidos de la necesidad de implementar nuevas formas para combatir la corrupción en todo sentido, y por supuesto, consideramos que, en esta tarea absolutamente todos los ayuntamientos y regidores juegan un papel fundamental, por ello hemos insistido en la necesidad de crear a nivel ayuntamientos la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Recordemos que, el Sistema Nacional Anticorrupción, es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

En el ámbito local la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco señala igualmente entre sus objetivos el establecer los mecanismos de coordinación de los entes públicos del Estado y los municipios, para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

En este sentido, derivado de la adición y reforma del año 2017 realizada al artículo TERCERO BIS de la ley orgánica de los municipios, en materia anticorrupción, se señala que como ente Público considerado en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su correlativa Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, el Municipio está obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en

su conjunto, así como a vigilar y promover la actuación ética y responsable de cada servidor público en este orden de gobierno.

Habiendo mencionado lo anterior, podemos con claridad observar que, el municipio debe ser por mandato legal partícipe y coadyuvante en la coordinación que implica el sistema nacional y estatal anticorrupción, sin embargo, es evidente también que, los regidores se encuentran desvinculados normativamente por la propia ley orgánica de los municipios en los temas de transparencia y anticorrupción ya que el articulo 46 no establece una comisión edilicia en la cual se puedan desahogar de manera colegiada los temas en materia de transparencia y anticorrupción.

Es por ello, que para dejar de tener casos como los de Macuspana y Jalapa, desde el ámbito municipal, partiendo que el mismo ayuntamiento es un orden de gobierno, éste debe figurar dentro de las acciones y esfuerzos que se realizan de manera conjunta en materia anticorrupción y para lograrlo, los regidores, son pieza fundamental.

El quehacer público debe obligatoriamente dignificarse, por eso en el PVEM vimos de manera positiva la destitución en su momento de la Alcaldesa de Jalapa, y en esta misma semana el alcalde de Macuspana. Ambas administraciones señaladas de corrupción e ineficiencia.

En el Verde estamos convencidos de la necesidad de implementar nuevas formas para combatir la corrupción en todo sentido, y por supuesto, consideramos que, en esta tarea absolutamente todos los ayuntamientos y regidores juegan un papel fundamental, por ello hemos insistido en la necesidad de crear a nivel ayuntamientos la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Recordemos que, el Sistema Nacional Anticorrupción, es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

En el ámbito local la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco señala igualmente entre sus objetivos el establecer los mecanismos de coordinación de los entes públicos del Estado y los municipios, para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

En este sentido, derivado de la adición y reforma del año 2017 realizada al artículo TERCERO BIS de la ley orgánica de los municipios, en materia anticorrupción, se señala que como ente Público considerado en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y su correlativa Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, el Municipio está obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en

su conjunto, así como a vigilar y promover la actuación ética y responsable de cada servidor público en este orden de gobierno.

Habiendo mencionado lo anterior, podemos con claridad observar que, el municipio debe ser por mandato legal partícipe y coadyuvante en la coordinación que implica el sistema nacional y estatal anticorrupción, sin embargo, es evidente también que, los regidores se encuentran desvinculados normativamente por la propia ley orgánica de los municipios en los temas de transparencia y anticorrupción ya que el articulo 46 no establece una comisión edilicia en la cual se puedan desahogar de manera colegiada los temas en materia de transparencia y anticorrupción.

Es por ello, que para dejar de tener casos como los de Macuspana y Jalapa, desde el ámbito municipal, partiendo que el mismo ayuntamiento es un orden de gobierno, éste debe figurar dentro de las acciones y esfuerzos que se realizan de manera conjunta en materia anticorrupción y para lograrlo, los regidores, son pieza fundamental.