De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.
La tarea de fortalecer nuestros instrumentos legales e institucionales es una tarea que recae principalmente en los legisladores; por supuesto que los que emanan del Sistema anticorrupción no son la excepción. Es por ello que el Verde desde el Congreso ha buscado fortalecer al Comité Coordinador Anticorrupción, para que éste no solo sea funcional y brinde los resultados que los tabasqueños demandan, si no a su vez, sea aún más cercano a la sociedad.
La función de este comité es de suma importancia, ya que entre algunas de sus atribuciones se encuentran: Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de anticorrupción, control y fiscalización de los recursos públicos, participar, en los mecanismos de cooperación a nivel nacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas para colaborar en el combate integral del fenómeno; requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar información, datos, observaciones y propuestas específicas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados.
En esta esta suma de esfuerzos institucionales, de diversos poderes y órdenes de gobierno, los representantes populares, es decir, los diputados, pueden aportar mucho. Es por ello que, la fracción Verde planteó que los diputados y las diputadas que presiden las Comisiones Inspectoras de Hacienda integren el comité coordinador.
Recordemos que, las y los diputados que presiden las inspectoras cumplen una altísima responsabilidad, ya que son los ojos de la sociedad, y es por ello que también se nutren de las experiencias encontradas en sus recorridos y análisis, ya que no solo vigilan que las cuentas queden concluidas y glosadas, si no también, practican visitas, inspecciones y auditorías y escuchando a la población, por lo que, conocen precisamente en carne propia los casos reales de corrupción y el cómo combatirlos.
Si bien, el Sistema Estatal es hoy ya una realidad, ahora nos corresponde fortalecerlo, para lograrlo, es preciso que los representantes populares participen activamente promoviendo políticas integrales en materia de anticorrupción, control y fiscalización de los recursos públicos, y a su vez, para que la ciudadanía cuente con plena certeza en la transparencia del ejercicio del gasto y el cumplimiento del deber de todos los servidores públicos. Esta propuesta legislativa representa no solo un esfuerzo compartido en el combate frontal a uno de los grandes males que ha agraviado nuestro Estado, si no también suma en todo momento a los representantes del pueblo a fin de ser vigilantes y propositivos en materia anticorrupción.
