Al mes de mayo, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), la inversión física directa del gobierno cayó 18.7%. Estos recursos se destinan principalmente a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué debe interesarnos este dato? La inversión física se considera como uno de los gastos importantes para propiciar crecimiento y desarrollo, al crear puestos de trabajo a través de la obra pública y proyectos productivos de fomento. Desde 2019, el gasto en infraestructura en México, continúa por debajo de los niveles vistos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Hay discrepancias entre lo que presupuesta y lo que se gasta. Para el presente año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se aprobaron 982,287 millones de pesos al gasto de inversión, esto es 14.3% más que lo aprobado en 2021. De este monto, 87.9% se destinará a la inversión física presupuestaria; 10.9% a la inversión financiera y 1.2% a los subsidios para el sector social y para las entidades federativas y municipios.
Aquí están las letras chiquitas y es que, si bien, la inversión física presupuestaria, que es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, el Gobierno Federal ha incrementado su gasto para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, en donde se incluye la compra de edificios, mobiliario, equipamiento de naturaleza diversa, sistemas informáticos, vehículos y equipo de transporte, pese a que uno de los pilares de la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus leyes reglamentarias es reducir al mínimo la compra de bienes inmuebles en dependencias públicas. Distintas secretarías federales – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ocho; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), seis y; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuatro-, han adquirido propiedades con un valor total de 3,140 millones 252 mil 598 pesos.
La sorpresa es que, ni se ha disminuido la burocracia, eliminado privilegios, ni reducido significantemente el gasto corriente y los números no pintan bien para la economía mexicana, pues se proyecta sufra una recaída en el segundo semestre de 2022, debido a una mayor inflación y alzas de tasas de interés.
En Tabasco, el gobierno estatal ha dejado sin ejercer 2 mil millones de pesos. Según el Informe sobre la Situación Económica, los ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco –al primer trimestre de 2022-, de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Los datos correspondientes a este informe trimestral, muestra que las dependencias con los mayores subejercicios son la Secretaría de Educación, que dejó de usar 710 millones de pesos de los que tenía programado gastar al cierre del mes de marzo del año en curso y la Secretaría de Salud con 598 millones de pesos que no utilizó, lo que es deplorable habiendo tantas necesidades y carencias en hospitales y centros de salud en la entidad.
¿Qué es un subejercicio? Técnicamente se define como el saldo negativo entre el monto de recursos ejercido y el originalmente programado para un período determinado. Es decir, que el resultado señala la aplicación de un gasto menor al autorizado o modificado para el ramo presupuestario.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) el subejercicio se define como “las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución”. Esto es, se habla de un subejercicio cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado para gastar en un ejercicio fiscal y este dinero no gastado debe ser devuelto a la Secretaría de Hacienda, teniendo la facultad de poder reorientarlo discrecionalmente. Así lo determina la LFPRH, que establece que si una entidad receptora de recursos públicos gasta menos de lo que tenía autorizado esos recursos deben ser devueltos.
Hace unos días la SHyCP en su reporte del cuarto mes del año informó al Congreso de la Unión que el subejercicio en salud ascendía a los 18 mil 701.8 millones de pesos. Cifra de no creerse que en plena pandemia y ante tanta necesidad de la población, el gobierno de la 4T insiste en no gastar todos los recursos que están disponibles para la salud de los mexicanos.
De conformidad, a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, cuando hay subejercicio presupuestal en una alguna dependencia estatal o ayuntamiento, debe reintegrar esos recursos a la SEFIN, en el caso que no sean recursos de transferencias federales etiquetadas, pues en este caso, si no fueron devengados deben reintegrarse a la Federación.
Como otro dato, al primer trimestre del año en curso, el Poder Ejecutivo del estado tenía programado gastar 14 mil 525 millones de pesos, de los que ejerció 12 mil 616 millones de pesos, generando un subejercicio de 1 mil 978 millones de pesos, lo que impacta negativamente a los ciudadanos, en la prestación eficiente de servicios públicos y la realidad, es que obstaculiza el ejercicio eficiente del gasto público.
Nada hay peor que un gobierno que además de que dispone de recursos escasos, los que tiene los gasta mal, o definitivamente no los gasta. En lo local, SEFIN no reporta de manera puntual, el segundo informe trimestral de las finanzas públicas del estado para comprobar en qué rubro siguen registrándose los rezagos en el gasto.
En el caso de Tabasco, el costo financiero de la deuda es de 4.80% de los flujos de recursos derivados de las participaciones de los ingresos federales, como fuente de pago. Tan solo del crédito con Banco Nacional de México (BANAMEX), que asciende a 1 mil 072 millones 922 mil 628 pesos de la deuda pública a largo plazo de un total de 5 mil 799 millones 425 mil 089 pesos, sin contabilizar las contratadas por insuficiencia de liquidez en el segundo semestre de 2021 por 3 mil 780 millones, en quince contratos con Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte, cuyas fechas de vencimiento de pago, algunas se cumplieron y otras están por vencerse en los próximos meses, presionando las finanzas públicas estatales y no viéndose reflejados recursos suficientes para gasto social.
El horizonte cercano se avizora con riesgos, debido a una mayor desaceleración de la economía en lo que resta del año y dado que, para todo gasto se requiere de una fuente de ingresos, ya sea presente o futura, es importante que el diseño de políticas se desarrolle bajo principios de eficiencia y equidad: cuánto cuesta mantener la deuda y, quiénes terminarían absorbiendo y saldando la mayor carga fiscal de la misma.
