La nueva iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad constituye un riesgo para la libertad de expresión y la privacidad en la red, en perjuicio de usuarios en México.
LA CIBERSEGURIDAD se ha convertido en un tema crucial en la era digital. Los ciberataques y la vulnerabilidad de la información son una realidad que nos acecha a todos. Sin embargo, la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que impulsan MORENA y el Partido Verde en la Cámara de Diputados, ha generado gran controversia.
POR UN LADO, se argumenta que la ley es necesaria para proteger a México de las amenazas digitales. Se busca crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad —controlada directamente por el Poder Ejecutivo—, que coordine las estrategias de seguridad y monitoreo en el ciberespacio.
POR OTRO LADO, la sombra del control y la censura se cierne sobre la Iniciativa. La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en el monitoreo de Internet a través de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, junto con la falta de control judicial en la solicitud de información, despiertan suspicacias.
CON EL PRETEXTO de “regular la ciberseguridad”, se pretende facultar al Gobierno Federal, sin ningún tipo de control judicial, solicitar la baja de direcciones IP, dominios y sitios de Internet. Por ejemplo, si algún medio de comunicación publicara una nota incómoda para el gobierno, la Agencia Nacional de Ciberseguridad podría solicitar de manera unilateral y sin ningún tipo de control judicial, la baja inmediata del sitio que contiene esa información y estas omisiones pueden provocar que la atribución legal se utilice de manera arbitraria en perjuicio de la libertad de expresión.
POR SI FUESE POCO, los proveedores de servicios de Internet estarían obligados a proporcional la información que el gobierno les solicite, sin que la ley defina qué tipo de información puede ser requerida. Por ejemplo, podría solicitarse que se proporcione información proveniente de comunicaciones privadas que se realicen por medio de servicios de mensajería por Internet.
ESTO ES UN POTENCIAL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD, al otorgarle a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como a SEDENA y SEMAR la facultad para acceder a información privada de los usuarios, poniendo en riesgo la privacidad en la red, además vulnerando el artículo 16 constitucional, por el que debe protegerse el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
¿ES POSIBLE GARANTIZAR LA CIBERSEGURIDAD sin sacrificar la libertad de expresión y la privacidad? Esta es la pregunta que nos debemos hacer. No podemos negar la necesidad de protegernos en el mundo digital, pero tampoco podemos permitir que la seguridad se convierta en un pretexto para la vigilancia y el control.
ES URGENTE UN DEBATE PÚBLICO Y ABIERTO sobre la Ley Federal de Ciberseguridad. Se deben escuchar todas las voces y encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales. Se trata de encontrar soluciones responsables y sensatas que nos protejan a todos sin vulnerar nuestros derechos. No podemos permitir que la tentación del autoritarismo se apodere del espacio digital.
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