Asesor Jurídico | ‘Golpe de Estado’ técnico al Poder Judicial

EL SISTEMA JUDICIAL DEBE PROFESIONALIZARSE Y NO POLITIZARSE. La propuesta de reforma de la 4T al Poder Judicial está en boca de todos, pero ¿realmente sabemos de qué se trata? Elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular pareciera democrático, pero no es así. Hay preocupaciones legítimas sobre el riesgo de politización del sistema judicial, de la falta de preparación de los candidatos y de la posible interferencia del crimen organizado y poderes fácticos.

SERÍA UN POSIBLE ‘GOLPE DE ESTADO TÉCNICO’, pues esta propuesta de reforma judicial presentada por el Ejecutivo Federal, podría desmantelar el Poder Judicial y de entrada afectaría alrededor de 1,600 jueces y magistrados.

¿ES UNA REVANCHA DE AMLO CONTRA EL PODER JUDICIAL por frenar sus obras mal planeadas y sus reformas inconstitucionales? Es muy preocupante que el presidente de la República proponga elegir por voto popular a todos los jueces y no atienda a los problemas de la justicia penal, familiar, civil o laboral, ni plantee soluciones a los problemas de creciente impunidad que vivimos en el país.

A PESAR QUE CLAUDIA SHEINBAUM PROMETIÓ que iba a abrirse el diálogo con todos por la reforma judicial, seguirá adelante con la agenda de AMLO: se avecina un golpe mortal a la independencia del Poder Judicial y al país en su conjunto.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL es fundamental para garantizar la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución. Es un principio fundamental en las repúblicas democráticas, pues garantiza que el Poder Judicial pueda actuar de manera imparcial y autónoma, sin presiones ni interferencias de otros poderes del Estado o de intereses externos.

UNO DE LOS PILARES fundamentales de un sistema judicial eficaz y justo es la independencia judicial. Los jueces y magistrados deben decidir sin interferencias indebidas y estar libres de presiones políticas o populares. Deben poder tomar sus decisiones basándose únicamente en la ley y en su propia conciencia, sin temor a represalias.

SI FUERAN ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, podrían sentirse tentados a tomar decisiones populistas o a favorecer a determinados grupos para obtener o mantener el respaldo de los electores, lo que comprometería su imparcialidad y autonomía.

LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES, al ser los encargados de interpretar y aplicar la ley en casos concretos, deben contar con un alto grado de conocimiento legal y destrezas técnicas para asegurar la correcta administración de justicia de acuerdo con los principios constitucionales y legales.

LA ELECCIÓN POR VOTO POPULAR podría llevar a que personas sin la preparación y la experiencia necesarias ocupen cargos judiciales, lo que comprometería la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales, afectando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

ES IMPERATIVO apostar por el diálogo, la inclusión y el respeto a la diversidad de opiniones. Solo así podremos edificar un futuro promisorio, evitando caer en los errores del pasado y garantizando que cualquier modificación al sistema político vigente sea en aras del bien común y no de intereses particulares.

HAY QUE CONSTRUIR UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA que sirva mejor a los mexicanos, pero con propuestas de especialistas en Derecho, universidades, barras y colegios de abogados.

ALERTA MÉXICO, porque los ciudadanos y más aún los más vulnerables, hoy estamos en total indefensión ante los abusos de la autoridad. Fue publicado el Decreto de la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamado y por la que se limita la efectividad del Juicio de Amparo. Solo para que quede claro, además de su evidente inconstitucionalidad, los efectos generales en el Amparo buscan proteger a los más vulnerables, es decir, a quienes no pueden acceder a un abogado que les tramite un juicio. Esto es contrario al discurso de “primero los pobres”

LA FINALIDAD DE ESTA REFORMA AL JUICIO DE AMPARO es evitar que los jueces otorguen la suspensión de leyes con “efectos generales”. Sin esta suspensión se corre el riesgo de que el acto que se reclama en el juicio, se consume irreparablemente. Es decir, corre el riesgo de que pierda su efectividad, contrario a una administración de justicia oportuna y eficaz.

EL DESMANTELAMIENTO DE INSTITUCIONES amenaza con socavar los pilares de la democracia y la división de poderes en México.

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