Indicadores económicos exhiben en números rojos a Tabasco en desempleo, generación de empleos, productividad, pobreza laboral, informalidad y deuda.
La pobreza laboral en Tabasco incrementó 5.6 puntos porcentuales al pasar de 39.1% a 44.7% del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021 y la informalidad laboral aumentó 1 punto porcentual, al pasar de 58.5% a 59.5% en el mismo periodo. De igual modo, se incrementó el desempleo 0.6 puntos porcentuales con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del segundo trimestre de 2021, respecto al mismo trimestre de 2020, alcanzando una tasa de desempleo de 5.9% y ocupando el cuarto lugar nacional, solo por debajo de la Ciudad de México (7.3%), Estado de México y Quintana Roo (6.2%).
Respecto a deuda pública, al cuarto trimestre de 2020 y con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), las cinco entidades más endeudadas del país en términos absolutos son la Ciudad de México con una deuda de 87 mil 736.7 millones de pesos (mdp); Nuevo León, 85 mil 229.2 mdp; Estado de México, 52 mil 488.3 mdp; Chihuahua, 50 mil 790.5 mdp; y Veracruz con 45 mil 707.9 mdp. La suma de las deudas de estas cinco entidades federativas (321 mil 952.6 mdp) representa poco más de la mitad (50.5 %) del total de la deuda subnacional.
A lo largo de los últimos tres años, de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, el saldo de la deuda subnacional presenta una tendencia creciente sostenida, incrementándose en 36.1 mil mdp, de 601.2 a 637.3 mmdp. Los estados con el menor nivel de endeudamiento son Tlaxcala, con 16.4 mdp; seguido por Querétaro, Baja California Sur y Campeche, con montos inferiores a los 3 mil mdp, nivel por debajo del promedio subnacional de 19.9 mil mdp.
Los cinco estados más endeudados en términos per cápita al 31 de diciembre de 2020 son Nuevo León (15 mil 192.0 pesos por persona); Quintana Roo (13 mil 735.5 pesos); Chihuahua (13 mil 360.7 pesos); Coahuila (11 mil 971.7 pesos) y Ciudad de México (9 mil 728.4 pesos). La deuda per cápita de cada uno de estos estados es superior hasta en dos veces al promedio subnacional de 4 mil 865.1 pesos.
Si bien, Tabasco ocupa el lugar 22 de Deuda Subnacional por Entidad Federativa al cuarto trimestre de 2020 con más de 6 mil mdp, durante el periodo comprendido del cuarto trimestre de 2019 al mismo periodo de 2020, incrementó el monto de su deuda en 21.9%, ocupando el sexto lugar nacional de las entidades federativas que más incrementaron el monto de su deuda, según datos de la SHyCP.
El Gobierno de Tabasco cuenta con una deuda contratada por 6 mil 161 millones 755 mil 872 pesos –sin contabilizar el nuevo empréstito de mil 500 millones de pesos autorizado por la LXIII Legislatura-, con un claro predominio de deuda de gobierno estatal, equivalente al 91% del total de la deuda y una participación menor de los municipios, cuyas obligaciones financieras ascienden a 554 millones 558 mil 028 pesos (9%) y cuya composición por el tipo de acreedor es 97% con banca múltiple y 3% con la banca de desarrollo.
Si bien los municipios de Tabasco presentan un nivel de endeudamiento sostenible, de los ingresos totales, ayuntamientos como el de Centro tiene el 36.5% de éstos, comprometido en el Servicio de la Deuda y Pago de Inversión con una deuda de 433.4 millones de pesos.
Debido a su deuda, Tabasco tiene comprometido el 23% de las Participaciones Federales. Recordemos que las transferencias del Ramo 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, constituyen uno de los componentes más relevantes de los ingresos de los estados, al representar el 48.0%.
El pago per cápita para saldar la deuda pública de Tabasco es de 2.3 mil pesos, ocupando el lugar 23 a nivel nacional. No obstante, tenemos un nivel de endeudamiento de 1.2% del porcentaje del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), lo que presiona las finanzas públicas pues la entidad debería crecer a una tasa de al menos 4.5% anual y apenas en 2020 alcanzó un crecimiento económico de 1.9% y 1.3% en el primer trimestre de 2021.
La deuda pública es un instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar la inversión, el desarrollo económico y el bienestar para las personas. Pero mal empleada puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del gobierno y la provisión de servicios a la población.
