/ martes 24 de marzo de 2020

Asesor Jurídico | Covid-19, derechos humanos, salud y empleo

En tiempos del coronavirus Covid-19, el sacrificio de los trabajadores de México es elegir entre la salud y el empleo. La mejor respuesta a una posible catástrofe económica y social provocada por esta crisis de salud pública, es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a los menos favorecidos.

¿Cuánto es el presupuesto de emergencia para reforzar al sector salud? ¿Cuál es el plan de contingencia económica y la bolsa para ayudar a quienes son los sectores más vulnerables de nuestra economía? ¿Se quedarán solos los micro y pequeños empresarios? ¿Qué pasará con quienes trabajan por su cuenta o en el sector informal? Urge un fondo con reglas de operación para que todos puedan acceder a estos recursos.

Es esencial establecer paquetes de estímulo fiscal y protección social dirigidos a los menos capaces de hacer frente a esta crisis. Muchos países estén contemplando medidas de estímulo económico a gran escala, pero deben diseñarse cuidadosamente para garantizar que su contribución principal vaya más allá del rescate de grandes empresas.

Luego de la crisis económica y sanitaria que dejó la influenza H1N1 en México, los legisladores hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Una de las más importantes, es el añadido al artículo 427 que establece cuáles son las causas válidas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa. La fracción VII establece como una causa válida “la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria”. En este supuesto, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión hasta por un mes.

A pesar que las autoridades han emitido como recomendación el distanciamiento social y la cuarentena voluntaria, para que sea aplicable la fracción VII del artículo 427 de la LFT, es necesario que el Consejo de Salubridad General (CSG) emita oficialmente una declaratoria de emergencia. El CSG que es la máxima autoridad en una emergencia sanitaria, apenas se instaló hace cuatro días y no ha decretado ninguna medida correspondiente a la Acción Extraordinaria de Salubridad General, prevista en la Ley General de Salud. Por ello, los gobernadores han decidido adelantarse a las medidas del gobierno federal para contener contagios por Covid-19.

En Tabasco, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto por el que ordenó suspender el funcionamiento de lugares y establecimientos de entretenimiento, culturales, deportivos y servicios turísticos, pero se desampara a sectores productivos al no implementar apoyos económicos o incentivos, cuando la entidad viene arrastrando graves problemas de desempleo.

Es esencial que servicios públicos se brinden de forma gratuita para quienes no pueden pagarlos. Micro y pequeños empresarios, aquellos que trabajan en el sector informal, que trabajan por cuenta propia y que no pueden trabajar desde casa necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en su domicilio. De lo contrario, tendrán que ir a trabajar y, por tanto, poner en riesgo su salud y de sus familias, y de la comunidad en general. Debe emitirse la declaratoria de emergencia nacional, porque si seguimos igual, las decisiones de gobierno podrían constituir una grave violación de derechos humanos.

En tiempos del coronavirus Covid-19, el sacrificio de los trabajadores de México es elegir entre la salud y el empleo. La mejor respuesta a una posible catástrofe económica y social provocada por esta crisis de salud pública, es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a los menos favorecidos.

¿Cuánto es el presupuesto de emergencia para reforzar al sector salud? ¿Cuál es el plan de contingencia económica y la bolsa para ayudar a quienes son los sectores más vulnerables de nuestra economía? ¿Se quedarán solos los micro y pequeños empresarios? ¿Qué pasará con quienes trabajan por su cuenta o en el sector informal? Urge un fondo con reglas de operación para que todos puedan acceder a estos recursos.

Es esencial establecer paquetes de estímulo fiscal y protección social dirigidos a los menos capaces de hacer frente a esta crisis. Muchos países estén contemplando medidas de estímulo económico a gran escala, pero deben diseñarse cuidadosamente para garantizar que su contribución principal vaya más allá del rescate de grandes empresas.

Luego de la crisis económica y sanitaria que dejó la influenza H1N1 en México, los legisladores hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Una de las más importantes, es el añadido al artículo 427 que establece cuáles son las causas válidas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa. La fracción VII establece como una causa válida “la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria”. En este supuesto, el patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión hasta por un mes.

A pesar que las autoridades han emitido como recomendación el distanciamiento social y la cuarentena voluntaria, para que sea aplicable la fracción VII del artículo 427 de la LFT, es necesario que el Consejo de Salubridad General (CSG) emita oficialmente una declaratoria de emergencia. El CSG que es la máxima autoridad en una emergencia sanitaria, apenas se instaló hace cuatro días y no ha decretado ninguna medida correspondiente a la Acción Extraordinaria de Salubridad General, prevista en la Ley General de Salud. Por ello, los gobernadores han decidido adelantarse a las medidas del gobierno federal para contener contagios por Covid-19.

En Tabasco, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto por el que ordenó suspender el funcionamiento de lugares y establecimientos de entretenimiento, culturales, deportivos y servicios turísticos, pero se desampara a sectores productivos al no implementar apoyos económicos o incentivos, cuando la entidad viene arrastrando graves problemas de desempleo.

Es esencial que servicios públicos se brinden de forma gratuita para quienes no pueden pagarlos. Micro y pequeños empresarios, aquellos que trabajan en el sector informal, que trabajan por cuenta propia y que no pueden trabajar desde casa necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en su domicilio. De lo contrario, tendrán que ir a trabajar y, por tanto, poner en riesgo su salud y de sus familias, y de la comunidad en general. Debe emitirse la declaratoria de emergencia nacional, porque si seguimos igual, las decisiones de gobierno podrían constituir una grave violación de derechos humanos.

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