A partir del mes de octubre del presente año la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco revisará la cuenta pública de 2018 no sólo del entonces Ejecutivo Arturo Núñez Jiménez, sino también la de los 17 ex presidentes municipales y la de los otros Poderes como la de los demás organismos gubernamentales.
La ciudadanía tiene plena confianza de que el grueso de los 35 diputados y sobre todo las comisiones de Hacienda y Finanzas y las de Inspectoras de Hacienda que presiden Exequías Braulio Escalante Castillo, Juana María Esther Álvarez Hernández, Patricia Hernández Calderón y Katia Ornelas Gil, respectivamente, actúen apegados al Estado de Derecho.
Porque resultaría verdaderamente vergonzoso y mezquino que las aprobaran, tal y como sucedió el año pasado, cuando con las manos en la cintura las calificaron a favor de los que sin ningún escrúpulo dañaron terriblemente las finanzas públicas federal, estatal y municipal.
Y que hoy es una de las principales causas de la exponencial inseguridad pública y del creciente desempleo y, por ende, de la evidente falta de inversión gubernamental.
Por supuesto, que la fracción parlamentaria de Morena que cuenta con 21 representantes populares es la que tiene la mayor responsabilidad, ya que solo con sus votos, sin necesidad de ninguna alianza con cualquier otra bancada partidista, las aprobarían, en un abrir y cerrar de ojos.
Sin omitir, claro está, que de antemano tiene los sufragios de los perredistas Agustín Silva Vidal y Dolores Gutiérrez Zurita y cuando menos uno de los dos diputados del PVEM, si no es que de ambos.
Si en el 2018 los parlamentarios de Morena fueron vilipendiados por los tabasqueños, y avecindados aquí, por aprobar capitalmente la cuenta pública de Arturo Núñez Jiménez, ahora literalmente, no se la acabarían.
Además de que dejarían muy mal parados no nada más a su jefe político, Adán Augusto López Hernández, sino a los propios funcionarios que han salido en varias ocasiones a denunciar las corruptelas de los ex colaboradores “núñistas”.
Si de por sí “el horno no está para bollos”, por la dificilísima situación económica por la que atraviesa la entidad, una acción como la que cometieron el año pasado cuando aprobaron las cuentas públicas, los gobernados no se le perdonarían, se las cobrarían en el 2021 en las urnas.
Hay un generalizado clamor de justicia, por parte de la población. Pasarlo de nueva cuenta por alto, sería un gravísimo error político del que se van a arrepentir.
Si el mandatario se la ha llevado en santa paz, es porque tiene una bancada que baila al son que le toque. Con un Congreso adverso, la situación tomaría un giro distinto, que complicaría lo que resta de su gobierno.
Las condiciones políticas y sociales ya no son las mismas del 2018, la gente está muy molesta con las actuales autoridades, pues las causas que originaron que la ciudadanía se volcará a votar -sin dejar de reconocer el vendaval Andresmanuelista- a favor de los candidatos morenistas, no solo siguen ahí, sino que empeoraron.
Muy caro va a costarle a los legisladores y al propio gobierno, si vuelven a aprobar las cuentas públicas de 2018, sustancialmente la de Arturo Núñez Jiménez, si no, al tiempo.
