La reforma eléctrica de la 4T consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. La iniciativa de reforma energética del presidente López Obrador manda al sector eléctrico mexicano hasta 1960, no solo destruye las reformas de 2013, también las de 2008 y 1994. No se adapta a la realidad actual, pues el monopolio del Estado en el sector eléctrico, fue un modelo funcional hace más de medio siglo, cuando la demanda de energía era 70% menor.
Entre otras cosas, la reforma favorece la generación de energía a través de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las empresas privadas. En caso de aprobarse en sus términos, CFE sería el único que vendería energía eléctrica a todos los mexicanos –hogares y empresas-, incluyendo a las personas que han instalado paneles solares en sus domicilios.
A pesar que no se ha aprobado la propuesta de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente y aprobada por MORENA en el Congreso de la Unión en febrero pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, mediante las cuales, las plantas de CFE tendrían prioridad en la generación de electricidad y que fue suspendida indefinidamente por un Juez federal, tras considerar que viola el principio constitucional de libre competencia y que además, está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una Acción de Inconstitucionalidad, promovida por senadores de la República y que no existe alguna sentencia o resolución judicial, que autorice a CFE cancelar todos los permisos existentes de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, la Empresa Productiva del Estado (EPE) que encabeza Manuel Bartlett, está cancelando los sistemas de paneles solares de aquellos particulares, que invirtieron en sus domicilios para instalarlos y reducir el monto de sus facturas de electricidad, violando los principios de seguridad jurídica y legalidad, previstos en la Constitución.
No existe fundamento legal que justifique la cancelación de contratos de compraventa para generar energías limpias, entre usuarios y la CFE, ni de permisos de auto-abasto con paneles solares. Es una violación flagrante a los derechos adquiridos de las plantas generadoras y particulares, quienes pueden reclamar sus derechos frente a tribunales mexicanos. Aún no aprueban la propuesta eléctrica presidencial que es implícitamente expropiatoria y lo más grave, según denuncias de usuarios, es que CFE está quitando los paneles solares de casas y negocios
Todo gobierno tiene que seguir la ruta que marca el Estado de Derecho y que sus decisiones se basen exclusivamente en las leyes vigentes y no en los caprichos del partido político en el poder. La reforma constitucional en materia energética impacta el principio de seguridad jurídica, comprometiendo inversiones. Por ejemplo, la Iniciativa transgrede al menos siete capítulos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), viola acuerdos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), como al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
Lo más delicado es que el gobierno mexicano entraría en disputa legal con sus principales socios comerciales, pero probablemente a la administración de López Obrador, no le tocaría pagar los costos e indemnizaciones que se deriven de estas disputas legales. Por si fuese poco, es falso que el costo de la electricidad baje como aseveran en la 4T. En la página cuatro de la Iniciativa de Reforma, CFE admite que se busca aumentar los costos al hablar de costos totales de generación, cuando actualmente existen costos variables y se revendería más cara la electricidad a usuarios. No menos importante, es que, en las condiciones actuales, la capacidad de generación de CFE es del 38% de toda la electricidad que se produce en el país y no puede satisfacer la demanda del suministro de energía eléctrica.
Además, la electricidad podría ser utilizada como arma política en la 4T, pues al establecer tarifas diferenciadas con discrecionalidad de CFE, el gobierno federal podría castigar de manera unilateral a empresas, o a cualquier gobierno estatal o municipal, incrementando el precio de la electricidad o condicionándole el suministro.
En materia de medio ambiente y transición energética, no nos podemos dar el lujo de retroceder. Cada vez son más evidentes los efectos adversos del cambio climático en México. Llama profundamente la atención que la reforma presidencial, si bien apuntala una modificación al artículo 27 constitucional para que el Estado tenga el monopolio de la explotación del litio, ni siquiera aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sin ser mal pensados, la única concesión que respeta la reforma presidencial es la de la empresa Gangfenf Lithium de China, que tiene el 50% de las acciones de Bacanora Lithium, que posee el municipio de Bacadehuachi en Sonora, a escasos 180 kilómetros de Estados Unidos.
