A cualquier político que llega al gobierno se le hace fácil despedir injustificadamente a empleados, a fin de hacer espacio para colocar a parientes o personas que de alguna manera los apoyaron en sus campañas proselitistas; esa práctica ha causado severos problemas a las finanzas públicas municipales y también estatales, pues en la medida que trabajadores ganan demandas laborales, quienes administran argumentan que no existen fondos para pagar laudos.
Esto se ha prestado también, según argumentan autoridades en función, para hacer negocios, pues en algunos casos abogados de gobierno actúan negligentemente para dejarse ganar y favorecer de esa manera a parientes y amigos. En los 17 municipios se deben alrededor de mil 500 millones de pesos y en el gobierno del estado unos 300 millones de pesos por ese concepto.
Si en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje existen actualmente 7 mil 800 carpetas por resolver, de las cuales el 20 por ciento son laudos en ejecución, hablamos de unos mil 600 fallos que no se han consumado por la millonaria cantidad que representan. En algunos municipios, por negligencia de los alcaldes, el adeudo ha llegado a sobrepasar el presupuesto anual y complican su resolución.
Específicamente en Paraíso, Tabasco, en 2018 se destituyó al presidente municipal Bernardo Barradas junto con todo el cabildo, los directores de Programación y de Finanzas, por desacatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenaba el pago de más de 40 millones de pesos por laudo a ex trabajadores.
Él no fue quien despidió a los empleados sino dos administraciones anteriores, pero le tocó padecer las consecuencias. Ni modo. Solo Paraíso, por cierto, debe más de 300 millones de pesos por resoluciones que no se han liquidado.
Se nota que autoridades estatales y municipales han perdido capacidad de negociación con empleados a su servicio, quizá sea porque llegan a los cargos acompañados de una dosis de prepotencia y arrogancia, factores que los induce a despedir sin motivo a una gran cantidad de gente y, en vez de negociar con ellos para darles un finiquito respetable, prefieren que los demanden laboralmente. Al fin, el problema lo enfrentarán sus sucesores.
Con lo expuesto en Paraíso a los gobernantes no les queda más que pagar laudos, esperar su destitución o, en algunos casos, ir a la cárcel por incumplimiento de sentencias que se han ido hasta la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para qué esperar tanto y exponerse a problemas mayores si los gobiernos tienen capacidad para programar liquidaciones y saldar esas deudas con el paso de los años. De esa forma demostrarían disposición de resolver la situación y expresarían diligencia en asuntos que, a la larga, se les pueden complicar.
Sassón
Algo le debe saber Carlos Mario Ramos a sus compañeros diputados, pues pidió que se les practique periódicamente el antidoping. Seguramente, por la forma en que algunos actúan en la tribuna del pueblo.
