/ sábado 2 de abril de 2022

Democracia virtual | Crimen por omisión 

La negligencia médica ha sido constante en Tabasco y no se castiga a nadie. Hay muchos casos en los cuales las autoridades se han visto en la necesidad de pedir disculpas a familiares de pacientes fallecidos, además de pagar la reparación del daño; pero lo que pasó el 28 de marzo rebasó los límites de la irresponsabilidad, debido al abandono en el que la Secretaría de Salud tiene la infraestructura hospitalaria.

Todo el estado se enteró que César Guadalupe Pérez Méndez, niño de apenas dos años de edad murió aplastado por un portón metálico, podrido por el herrumbre, que le cayó encima en el centro de salud de la ranchería Pablo L. Sidar del municipio de Centro.

Luego circuló en las redes sociales una fotografía de los padres con una imagen del infante en las manos y un texto que decía: “Recibí los ocho mil pesos por la muerte de mi hijo, porque no tenía ni un peso para sepultarlo”.

Definitivamente es indignante que el gobierno se aproveche de la condición de pobreza en la que viven estas personas. No hay palabras para calificar esta vileza, porque también, presuntamente, les hicieron firmar un documento en el que exoneraban a la Secretaría de Salud de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, el jueves 31 de marzo el subsecretario de Servicios de Salud, Manuel Adalberto Pérez Lanz, declaró que la dependencia asumía la responsabilidad del portón colapsado que mató al niño.

Dijo, asimismo, que estaba garantizada la indemnización y la atención psicológica a la madre, como si con una cantidad financiera se le pudiera devolver la vida al pequeño que, para su desgracia, jugaba cerca del portón al que no se le había dado mantenimiento desde hace muchos años.

¿Bastará con indemnizar y proporcionar atención psicológica a los padres? No. Eso servirá solo para apaciguar un poco el coraje y la frustración de los afectados, pero ¿se iniciará la investigación correspondiente para castigar a los culpables?

Porque si la Secretaría de Salud asume su compromiso en el caso, es lógico que debe haber un inmediato responsable que debe pagar por la omisión, ¿quién no le ha dado el mantenimiento necesario a las instalaciones de los centros de salud y por qué? y de ahí también la secretaria de Salud, Silvia Roldán, debe tener un saldo legal que pagar, porque ella es quien posee a su cargo todo el sistema.

Para hacer un poco de historia, Silvia Roldán tuvo que pedir disculpas a Martha Adelina Jiménez Correa y su esposo Luis Arturo Pech Pech, padres de un menor que murió en noviembre del año 2018 en el hospital general del municipio de Emiliano Zapata, por mala atención médica.

“Estamos conscientes que esta disculpa no quita el dolor, ni repone la pérdida de su menor hijo, pero que lleva implícita el compromiso de la institución, el Estado, de los profesionales de salud y de la sociedad en su conjunto, para velar y hacer todo lo necesario para que estos hechos no vuelvan a presentarse. Y en eso estamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión en 2019”, dijo la funcionaria. Sin embargo, se han repetido casos como estos.

Otro caso fue el de Griselda Cruz, quien perdió a su bebé, pues al llegar con dolores de parto al hospital de Villa Benito Juárez, Macuspana, le dijeron que se regresara a su casa debido a que le faltaban dos semanas para que naciera su hijo. Regresó en la noche y le dijeron lo mismo, hasta que el martes un ultrasonido reveló que el bebé había fallecido en el vientre de su madre.

El 23 de noviembre de 2021 se entregó también la reparación del daño a una mujer que el 19 de junio de 2012 interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por negligencia médica. Y así podemos enumerar una larga lista de hechos en los que han perdido la vida seres humanos y todo se resuelve con dinero y una disculpa, pero a nadie se le fincan consecuencias legales por esos crímenes.

Recordemos que el diputado Jorge Bracamontes, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, dio inicio a un recorrido por las instalaciones hospitalarias de toda la entidad para ver las condiciones en que operan los nosocomios. La primer anomalía que se encontró es que el hospital Rovirosa debe ser sustituido porque ya cumplió su ciclo de vida. ¿Cuántos más estarán en la misma condición?

La negligencia médica ha sido constante en Tabasco y no se castiga a nadie. Hay muchos casos en los cuales las autoridades se han visto en la necesidad de pedir disculpas a familiares de pacientes fallecidos, además de pagar la reparación del daño; pero lo que pasó el 28 de marzo rebasó los límites de la irresponsabilidad, debido al abandono en el que la Secretaría de Salud tiene la infraestructura hospitalaria.

Todo el estado se enteró que César Guadalupe Pérez Méndez, niño de apenas dos años de edad murió aplastado por un portón metálico, podrido por el herrumbre, que le cayó encima en el centro de salud de la ranchería Pablo L. Sidar del municipio de Centro.

Luego circuló en las redes sociales una fotografía de los padres con una imagen del infante en las manos y un texto que decía: “Recibí los ocho mil pesos por la muerte de mi hijo, porque no tenía ni un peso para sepultarlo”.

Definitivamente es indignante que el gobierno se aproveche de la condición de pobreza en la que viven estas personas. No hay palabras para calificar esta vileza, porque también, presuntamente, les hicieron firmar un documento en el que exoneraban a la Secretaría de Salud de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, el jueves 31 de marzo el subsecretario de Servicios de Salud, Manuel Adalberto Pérez Lanz, declaró que la dependencia asumía la responsabilidad del portón colapsado que mató al niño.

Dijo, asimismo, que estaba garantizada la indemnización y la atención psicológica a la madre, como si con una cantidad financiera se le pudiera devolver la vida al pequeño que, para su desgracia, jugaba cerca del portón al que no se le había dado mantenimiento desde hace muchos años.

¿Bastará con indemnizar y proporcionar atención psicológica a los padres? No. Eso servirá solo para apaciguar un poco el coraje y la frustración de los afectados, pero ¿se iniciará la investigación correspondiente para castigar a los culpables?

Porque si la Secretaría de Salud asume su compromiso en el caso, es lógico que debe haber un inmediato responsable que debe pagar por la omisión, ¿quién no le ha dado el mantenimiento necesario a las instalaciones de los centros de salud y por qué? y de ahí también la secretaria de Salud, Silvia Roldán, debe tener un saldo legal que pagar, porque ella es quien posee a su cargo todo el sistema.

Para hacer un poco de historia, Silvia Roldán tuvo que pedir disculpas a Martha Adelina Jiménez Correa y su esposo Luis Arturo Pech Pech, padres de un menor que murió en noviembre del año 2018 en el hospital general del municipio de Emiliano Zapata, por mala atención médica.

“Estamos conscientes que esta disculpa no quita el dolor, ni repone la pérdida de su menor hijo, pero que lleva implícita el compromiso de la institución, el Estado, de los profesionales de salud y de la sociedad en su conjunto, para velar y hacer todo lo necesario para que estos hechos no vuelvan a presentarse. Y en eso estamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión en 2019”, dijo la funcionaria. Sin embargo, se han repetido casos como estos.

Otro caso fue el de Griselda Cruz, quien perdió a su bebé, pues al llegar con dolores de parto al hospital de Villa Benito Juárez, Macuspana, le dijeron que se regresara a su casa debido a que le faltaban dos semanas para que naciera su hijo. Regresó en la noche y le dijeron lo mismo, hasta que el martes un ultrasonido reveló que el bebé había fallecido en el vientre de su madre.

El 23 de noviembre de 2021 se entregó también la reparación del daño a una mujer que el 19 de junio de 2012 interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por negligencia médica. Y así podemos enumerar una larga lista de hechos en los que han perdido la vida seres humanos y todo se resuelve con dinero y una disculpa, pero a nadie se le fincan consecuencias legales por esos crímenes.

Recordemos que el diputado Jorge Bracamontes, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, dio inicio a un recorrido por las instalaciones hospitalarias de toda la entidad para ver las condiciones en que operan los nosocomios. La primer anomalía que se encontró es que el hospital Rovirosa debe ser sustituido porque ya cumplió su ciclo de vida. ¿Cuántos más estarán en la misma condición?