La violencia ha repuntado en México y es que en el país no se están investigando ni persiguiendo los delitos relativos a la delincuencia organizada. En el primer trimestre del año, la Fiscalía General de la República registró un subejercicio de 36% en el combate al delito y al crimen organizado, lo que representa un poco más de mil 442 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Mientras el presidente López Obrador presume su popularidad, México ocupa el 4º lugar entre los países con los índices más altos de criminalidad organizada en todo el mundo -en delitos como trata de personas, tráfico de drogas y armas-, solo por debajo de la República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar, de acuerdo Índice Mundial de Crimen Organizado de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
En cuarenta y dos meses del gobierno federal van 120 mil 174 muertos por homicidios dolosos, eso, sin contar los feminicidios y desapariciones. La prensa está bajo asedio con 11 periodistas asesinados, en lo que va del año y 30 desaparecidos. México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo según Human Rights Watch, solo por debajo de Ucrania donde al menos 12 periodistas han sido asesinados, la mayoría mientras cubría la guerra.
En el sexenio de López Obrador, al menos 151 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados y la impunidad prevalece en más del 90 por ciento de los homicidios. La situación es terrible, tenemos un grave problema con la inseguridad y el gobierno no hace nada.
La violencia contra las mujeres se ha incrementado, pues según datos oficiales del gobierno mexicano, al tercer trimestre de 2022 se registraron 229 feminicidios. Los homicidios dolosos disminuyeron en abril, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, las muertes intencionales bajaron 4 por ciento: pasaron de 2,651 en marzo a 2,547 en abril, pero los feminicidios aumentaron, pues este delito presentó un incremento de 9 por ciento, al pasar de 75 en marzo a 82 en abril.
Seis entidades del país concentran el 50% de los homicidios dolosos: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. En el top ten de feminicidios -de acuerdo a las carpetas de investigación iniciadas-, el Estado de México ocupa el primer lugar, seguido por Nuevo León, Veracruz, CDMX, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco.
El Estado mexicano debe reconocer la magnitud de la violencia en contra de las mujeres y cambiar en consecuencia las políticas públicas. En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 10 mujeres son asesinadas diariamente; 1 de cada 10 feminicidios se comete en contra de una niña o adolescente menor de 17 años; 66% de mujeres arriba de 15 años han sufrido algún incidente de agresión física; 29% sufren de violencia económica y; 41% de mujeres y niñas han sufrido algún tipo de violencia sexual.
No hay en el gobierno de López Obrador ninguna intención de trazar una estrategia contra los feminicidios, no entiende la perspectiva de género. Recordemos que la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia señala que es necesaria la transformación de la procuración y administración de justicia, tomando en cuenta las características específicas de la discriminación contra las mujeres y la perspectiva de género como directriz.
Para variar, la organización World Justice Project, publicó los resultados de su cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022. Las entidades están reprobadas, particularmente en Tabasco hay más corrupción y retroceso en la procuración de justicia. Además del debilitamiento de los poderes Legislativo y Judicial como contrapeso al Ejecutivo estatal: ocupa la posición 26 de 32.
En México simplemente no existe el Estado de Derecho, porque solo se resuelve menos del uno por ciento de los delitos, incluidas las desapariciones y las muertes violentas. Lo más peligroso es que la sociedad mexicana ni se inmuta ante la violencia que sufren los demás.
Parece que la estrategia del gobierno mexicano de no confrontar a criminales, permite su expansión con anuencia oficial. ¿Cuál es la razón para que el presidente reconozca que su gobierno protege a las bandas del crimen organizado? ¿Quién manda en México?
