Un principio básico relativo a la independencia del Poder Judicial establece que: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Están de miedo las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar las vacantes de Magistrados en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Son 71 nombres los que se proponen y hay al menos, tres propuestas que fueron recicladas del pasado proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Destaca en el listado el General Brigadier, Miguel Carrasco Hernández, actualmente Fiscal General de Justicia Militar, el Sexto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Armando Hernández Cruz y la supuesta hija de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Magali Iraís Mendoza Ríos, actualmente Gerente de Enlace con Instituciones Revisoras en la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
También está una militante de MORENA, Susana Mercado Alvarado, Coordinadora de Asesores en la Coordinación de Comunicación Política de MORENA en la Cámara de Diputados; la Abogada General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), María de los Ángeles Jasso Cisneros; la Abogada General de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González y; Netzaí Sandoval Ballesteros, Director Ejecutivo de Consulta y Normatividad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval.
También se incluye a tabasqueños — vinculados a Adán Augusto López Hernández —, como Arturo Torres Martínez, titular de la Unidad de Servicios Operativos y Logísticos en el Gobierno del Estado de Tabasco; José Alberto Guerrero Amador, Director Jurídico de la Secretaría de Salud; Maday Merino Damián, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien no logró ser consejera del INE; Margarita Concepción Espinoza Armengol, Presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco (TET); Rosendo Gómez Silvan, Director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE). De igual forma, Aarón Marino Álvarez Montiel, Gerente Regional en la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Gabriela Evia Munguía, Coordinadora de Planeación en SEGOB y ex asesora de MORENA en la Cámara de Diputados.
Desafortunadamente la gran mayoría de los integrantes de esta lista no cumplen los requisitos legales de elegibilidad, ni cuentan con probada capacidad para ejercer sus funciones en materia de justicia administrativa. Por si fuese poco, hay potenciales conflictos de interés, al ser el tribunal que dirime sobre resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en temas como administración tributaria, seguridad social, cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, daño al patrimonio del Estado, comercio exterior, cuotas compensatorias, certificados de origen, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, aspectos de medio ambiente y propiedad intelectual.
Haciendo un repaso del gobierno de López Obrador, las acciones que ha impuesto el presidente por consigna, han constituido violaciones abiertas y sistemáticas de la ley, desde la Constitución hasta el último de los reglamentos. Es por ello, que uno de los principales problemas de México es la falta de Estado de Derecho. No hay seguridad jurídica, se modifican leyes por consigna presidencial o se violan sin consecuencia y con eso se pasa por encima de los derechos humanos, de contratos o de acuerdos internacionales.
Mientras el país registra una inseguridad imparable, MORENA intenta burlar la ley y la atención está centrada en una sucesión adelantada e ilegal.
En MORENA determinaron que sus precandidatos iniciaran sus precampañas desde el 19 de junio y el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que la fecha es noviembre. ¿Esto que implica? Las “corcholatas” del presidente, no pueden hacer actos de campaña ni de precampaña fuera del término que la propia ley electoral señala, ni gastar recursos de ninguna índole para ello.
El INE debería reconducir a MORENA dentro de la legalidad. Sin embargo, les tembló la mano en la imposición de medidas cautelares a MORENA por la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto electoral. Esto es grave porque ya no hay órganos autónomos de equilibrio y contrapeso al Poder Ejecutivo.
Está claro que el INE fue secuestrado por el oficialismo y que hay consejeros que responden a intereses de MORENA. Porque de entrada, el proceso para decidir la “coordinación de defensa de la transformación”, que no es otra cosa, que el proceso de selección de su candidato presidencial, es una burla a la ley que establece que las precampañas comienzan hasta la tercera semana de noviembre.
En MORENA están haciendo de manera ilegal, proselitismo anticipado. Es una clara violación más del partido en el gobierno con el presidente a la cabeza y por tanto, si se aplicara la ley, a las “corcholatas” del presidente se les podría negar el registro para 2024.
Es peligroso que los mexicanos nos hemos acostumbrando a que violar la ley no importe, o porque al presidente no le gustan y más lo es, en plena sucesión presidencial.
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