El deceso del ex secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis, sin duda trastocará la investigación sobre los hallazgos marcados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) acerca de la cuenta pública del último año del nuñismo, habida cuenta que en esa área las observaciones rebasan los mil millones de pesos.
En el periodo establecido para solventar las irregularidades por parte de los ex funcionarios, faltará la versión del máximo responsable y conocedor del manejo del erario para aclarar y en su caso responder ante la justicia lo que resulte al final de este proceso.
Basta recordar los señalamientos directos de servidores públicos en los estertores del sexenio anterior en contra del difunto, culpándolo de la falta de pagos a proveedores y a trabajadores. Ejemplo fue el plantón que le hizo el ex fiscal del Estado, Fernando Valenzuela, junto con empleados, en plenas oficinas de Finanzas.
Pero si bien Amet Ramos autorizaba cada peso que se pagaba o no, así como del manejo financiero de los dineros, había una plantilla de servidores públicos debajo de él a nivel de subsecretarías y direcciones. Y en igual caso en el resto de las secretarías que fueron observadas.
El actual fiscal, Jaime Lastra Bastar, ha dicho que esperan la respuesta del Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de México, sobre la solicitud del acta de defunción de Amet Ramos para desahogar una denuncia que diputados del PRI y PVEM presentaron el año pasado.
“Ahí estamos haciendo la investigación para saber si vamos a continuar o ahí concluye por la extinción de la posibilidad del estado para castigar a una persona si ya falleció”. El Estado tiene capacidad de ejercer acción penal solo a quienes están con vida, fue su explicación.
Pero surgen dudas, si hay plena comprobación del fallecimiento, de si ahí deberá acabar todo. Si el Estado con todas sus herramientas dará carpetazo al asunto en base a esa condición. Si en realidad todo se circunscribe a una pena corporal que ya no podría darse. Si una vez determinado lo anterior no podría seguirse la ruta del dinero y sea entonces lo primordial recuperar lo que se pueda y en el camino tal vez hallar responsabilidades.
Veremos a quién o a quiénes les caerá el muerto de las irregularidades, que tiene a los diputados locales, sobre todo a los de Morena, con la responsabilidad de cargar con otro desaguisado político como fue el aprobar la cuenta pública de 2017.
Porque reprobar o no una cuenta pública tiene connotación política, que en caso de reprobación si no va a acompañada en lo que de verdad importa, como son las denuncias penales, y la aplicación de sentencias, al final se torna en impunidad, uno de los pilares que sostienen el discurso de la llamada Cuarta Transformación.
HOJAS SUELTAS…
En eso de estar al corriente en la entrega de los reportes sobre el uso de los recursos, el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, ha enviado la información tanto al OSFE como a las secretarías de Finanzas y de la Función Pública, del 1 de enero pasado a la fecha.
