Si bien es cierto, que la orden de aprehensión contra Emilio Ricardo Lozoya Austin no es por el caso sonado de Odebrecht, sino por la denuncia de soborno a su persona por dos y medio millones de dólares que costó su casa en Lomas de Bezares, y que tiene que ver con la venta de la planta Agro Nitrogenados, por la que en 2015 Pemex pagó 800 millones de dólares, cuando no valía ni 30, como acertadamente escribió ayer Joaquín López Dóriga en su prestigiada columna, el asunto puede convertirse en la punta del hilo de la madeja que lleve al banquillo a todos los acusados de ser los responsables principales de la espantosa mega corrupción que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la que no solo están involucrados la mayoría de los ex integrantes de su gabinete legal y ampliado, sino los ex gobernadores y mandatarios priistas todavía en funciones.
Arturo Núñez Jiménez, junto con sus pares de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, son los ejemplos emblemáticos de que dejaron las arcas públicas tronadas.
La detención del presidente de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira en Palma de Mallorca, España, y la búsqueda en más de 190 países de Lozoya Austin, debe de tener en vigilia a Núñez Jiménez y a su cónyuge Martha Lilia López Aguilera y demás autores del quebranto de las finanzas tabasqueñas, y no porque tengan algo que ver con el ex funcionario peñista inhabilitado diez años por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sino porque los pone en una situación bastante comprometida.
Si cae y es condenado a prisión Emilio Ricardo Lozoya Austin, uno de los ex servidores públicos cercanísimos y protegidos del mexiquense Peña Nieto, cualquiera puede correr la misma suerte, sustancialmente los que no pertenecieron al gabinete peñista.
Arturo Núñez Jiménez es de los más expuestos a ser llamado a cuenta por la justicia, sobre todo luego de los oscuros resultados que arrojaron las auditorías hechas a su desastroso mandato constitucional.
Si ya de por sí tenía serios problemas para conciliar el sueño, ahora va a resultarle prácticamente imposible hacerlo.
Y es que el terrible daño que le hizo a Tabasco y a los tabasqueños, y avecindados aquí, no es para menos.
Si alguien merece ser detenido, juzgado -con todas las de la ley- y la prisión, ese es, ni más ni menos, que Arturo Núñez Jiménez. Él es el responsable directo de todo el grotesco saqueo cometido durante su gobierno.
Y desde luego, a todos los demás ex funcionarios que coadyuvaron al mayor latrocinio sexenal, incluida, su esposa.
Ninguno de ellos, debe de ser perdonado.
Si conculcaron el Estado de Derecho, simple y sencillamente, que se le aplique todo el peso de la ley, y sanseacabó.
Para qué: tantos brincos estando el suelo tan parejo.
“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI” (LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)
Se ve dificilísimo que en 30 días más -seis meses fue el plazo que dio el gobernador Adán Augusto López Hernández- el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jorge Alberto Aguirre Carbajal, pueda revertir su paso por la institución policiaca.
Propios y extraños coinciden en que debe de salir.
Los saldos de su gestión están a la vista.
Los índices delictivos continúan al alza, y créame que no es percepción.
La inseguridad pública sigue siendo uno de los talones de Aquiles de la presente administración.
Claro está, que la última palabra la tiene el mandatario, como en la mayor parte de los asuntos adherentes a su gobierno.
En fin, en unos cuantos días más se sabrá su decisión final.
El asunto del “borrón y cuenta nueva” y el de la tarifa 1F, debe transparentarse, para ir despejando todas las dudas que se han levantado a su alrededor.
Y qué, por cierto, son muchas.
Nos leemos el próximo lunes, si el todopoderoso así lo manda.
Pase un excelente fin de semana.
Dios los acompañe y proteja.
