/ lunes 14 de octubre de 2019

Hoja de apuntes | Orden, pese a costo político

La historia de protestas en Tabasco, particularmente desde 1989 cuando se aglutinó la izquierda en el PRD, fue multifacética y motivada por infinidad de razones argüidas por sus promotores, principalmente la pobreza, falta de democracia, represión y acusaciones de fraudes electorales.

Marchas, plantones, toma de edificios públicos, matanza de animales, extracción de sangre para pintar Palacio de Gobierno, cierre de carreteras e instalaciones petroleras, desobediencia civil, es un legado de 25 años ‘de lucha’, arraigados en varios sectores de la población.

Hoy, con la llegada al poder de quienes prohijaron ese tipo de conductas, está la determinación de meter orden y frenarlas, por fin, mediante la aplicación de la ley, que antes dudaban ejercer anteriores administraciones para no caer en acusaciones de represión o por presunta colusión.

Al son de una mayor atención y pago de indemnizaciones a demandas procedentes en las comunidades por afectaciones de la actividad petrolera –el director de Pemex, Octavio Romero ha comprometido que se hará justicia en este caso- y la entrega de dinero de manera directa a través de programas sociales, se pretende desactivar esas conductas añejas.

Otra variante, tolerada por varios años, es el de los llamados pseudosindicatos y su estrategia de cobrar por el paso de vehículos de empresas o de Pemex a instalaciones y la exigencia de plazas de trabajo a cambio de no bloquear.

Esto dio pie a la reforma al Código Penal, controversial, al grado de estar impugnada ante la Suprema Corte por la presunción de sus impugnadores de violarse la libertad de manifestación.

El miércoles pasado, en reunión con constructores de la CMIC, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, aludió el asunto y dio un mensaje contundente sobre la tolerancia cero que aplicará su administración, incluidos aquellos relativos a la invasión de propiedades o ranchos.

“Nosotros no podemos permitir que la gente esté temerosa de su propiedad o posesión. No me preocupa que me digan que si ley garrote o que se nos pasó la mano. Es que la autoridad tiene que ejercerse”. Agregó que si no se garantiza a los ciudadanos la libertad de propiedad, de trabajo o de expresión, no se avanzará como estado y por ello hay que recuperar el orden.

Es, sin duda, una declaración acorde a los tiempos basada en la aplicación de la ley y que el costo político que pueda generar su ejecución ante hechos revestidos de ilegalidad, no le preocupan, algo que no cualquier gobernante está dispuesto a pagar, o lo estaba antes por el contexto existente.

Y así en otras áreas. En concordancia con la línea del gobernador, el secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio, fue claro al decir que ante conflictos en escuelas que pueden llevar cierres o bloqueos, no habrá tolerancia y se impondrá la ley mediante denuncias.

“Dijimos que quien cierre una escuela sin justificación, y mucho menos vayan a pensar en cerrar una carretera, vamos a presentar denuncia. No vamos a permitirlo. La ley es muy clara: a quien ponga a niños en riesgo o peligro, llámese padre o llámese maestro, es penalmente responsable”. Desde luego, poner orden no solo debe pasar por la aplicación de la ley y el uso eficaz de la fuerza pública (con protocolo y respeto a derechos humanos) en su caso, sino de desmontar todo aquello que pueda generar inconformidades, como la falta de atención, de generación de condiciones de bienestar, de trabajo.


La historia de protestas en Tabasco, particularmente desde 1989 cuando se aglutinó la izquierda en el PRD, fue multifacética y motivada por infinidad de razones argüidas por sus promotores, principalmente la pobreza, falta de democracia, represión y acusaciones de fraudes electorales.

Marchas, plantones, toma de edificios públicos, matanza de animales, extracción de sangre para pintar Palacio de Gobierno, cierre de carreteras e instalaciones petroleras, desobediencia civil, es un legado de 25 años ‘de lucha’, arraigados en varios sectores de la población.

Hoy, con la llegada al poder de quienes prohijaron ese tipo de conductas, está la determinación de meter orden y frenarlas, por fin, mediante la aplicación de la ley, que antes dudaban ejercer anteriores administraciones para no caer en acusaciones de represión o por presunta colusión.

Al son de una mayor atención y pago de indemnizaciones a demandas procedentes en las comunidades por afectaciones de la actividad petrolera –el director de Pemex, Octavio Romero ha comprometido que se hará justicia en este caso- y la entrega de dinero de manera directa a través de programas sociales, se pretende desactivar esas conductas añejas.

Otra variante, tolerada por varios años, es el de los llamados pseudosindicatos y su estrategia de cobrar por el paso de vehículos de empresas o de Pemex a instalaciones y la exigencia de plazas de trabajo a cambio de no bloquear.

Esto dio pie a la reforma al Código Penal, controversial, al grado de estar impugnada ante la Suprema Corte por la presunción de sus impugnadores de violarse la libertad de manifestación.

El miércoles pasado, en reunión con constructores de la CMIC, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, aludió el asunto y dio un mensaje contundente sobre la tolerancia cero que aplicará su administración, incluidos aquellos relativos a la invasión de propiedades o ranchos.

“Nosotros no podemos permitir que la gente esté temerosa de su propiedad o posesión. No me preocupa que me digan que si ley garrote o que se nos pasó la mano. Es que la autoridad tiene que ejercerse”. Agregó que si no se garantiza a los ciudadanos la libertad de propiedad, de trabajo o de expresión, no se avanzará como estado y por ello hay que recuperar el orden.

Es, sin duda, una declaración acorde a los tiempos basada en la aplicación de la ley y que el costo político que pueda generar su ejecución ante hechos revestidos de ilegalidad, no le preocupan, algo que no cualquier gobernante está dispuesto a pagar, o lo estaba antes por el contexto existente.

Y así en otras áreas. En concordancia con la línea del gobernador, el secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio, fue claro al decir que ante conflictos en escuelas que pueden llevar cierres o bloqueos, no habrá tolerancia y se impondrá la ley mediante denuncias.

“Dijimos que quien cierre una escuela sin justificación, y mucho menos vayan a pensar en cerrar una carretera, vamos a presentar denuncia. No vamos a permitirlo. La ley es muy clara: a quien ponga a niños en riesgo o peligro, llámese padre o llámese maestro, es penalmente responsable”. Desde luego, poner orden no solo debe pasar por la aplicación de la ley y el uso eficaz de la fuerza pública (con protocolo y respeto a derechos humanos) en su caso, sino de desmontar todo aquello que pueda generar inconformidades, como la falta de atención, de generación de condiciones de bienestar, de trabajo.


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