De forma acelerada el convenio “Adiós a tu deuda” camina hacia el fracaso. Pese a que los creadores y promotores del no pago de luz están a la cabeza hoy de las instituciones de gobierno, la esperada solución definitiva, en base a esas mismas razones, está lejos de concretarse.
La magnitud del problema lo exhibe con crudeza la caída en el número de deudores que acuden a firmar su nuevo contrato. De hasta seis mil que hubo en un solo día al comienzo del programa allá por junio del año pasado, en estos días van poco más de 200, cifras oficiales dadas a conocer por José Antonio de la Vega, titular de Desarrollo Energético de Tabasco.
En entusiasmo en los ciudadanos se derrumbó cuando los recibos de luz con la tarifa de invierno comenzaron a llegar. Ahí comenzaron a frenarse las intenciones de regularización y miles cayeron de nuevo en mora.
A partir de eso surgieron datos en el convenio que a la postre concluyeron un no tan buen acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Electricidad. Y el artífice de ese convenio, de acuerdo al propio gobernador, Adán Augusto López Hernández, fue De la Vega, tal como lo presumió el mandatario en una gira por el municipio de Centro hace varios meses.
La primera controversia fue por aquella desafortunada declaración sin sustento en el convenio, del propio De la Vega, en relación a la reactivación de los adeudos históricos a quienes no pagaran sus consumos tras firmar el nuevo contrato.
La inconformidad ciudadana elevó la presión en diciembre al grado que el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, patinó con aquel “firmé, pero no lo leí”, en relación al convenio con la CFE en el cual estampó su rúbrica.
En redes sociales circulan señalamientos contra De la Vega que lo tildan de cobrador de la CFE por defender el convenio y desvirtuar la campaña perredista en torno a la reactivación de la resistencia civil y el reparto de “amparos”, similares a los que se promovían en el pasado bajo las siglas del PRD.
Ante el descontento vino la reacción de los partidos opositores. En el caso del PRD pretende rentabilidad política con la resistencia civil de cara al 2021, mientras en el PRI su dirigencia opta por no promover el no pago y en cambio elaborar una propuesta que transite en mejorar el convenio en beneficio de los usuarios y no cause un quebranto a la empresa.
Metido en el centro del embrollo, a José Antonio de la Vega le ventilaron una vez más su transfuguismo (del PRI al PAN, del PAN al PRD y ahora en un gobierno de Morena). Desde la tribuna del Congreso, el coordinador parlamentario del PRI, Gerald Washington Herrera, lo calificó de “camaleón político”.
Planteó al gobernador que es hora de hacer cambios en su gabinete, entre ellos De la Vega, por razones políticas, éticas y de ineficiencia en el servicio público. Como si de una mancha aborrecible se tratara, ubicó a De la Vega como el principal operador político en el pasado reciente de la “nefasta administración nuñista” desde el Congreso del Estado (José Antonio fue el presidente de la Jucopo en tiempos de Arturo Núñez).
Pero más allá de pedir su renuncia (lo cual suele fortalecer al funcionario señalado para no ser removido), interesa conocer cuáles son las salidas al estancamiento del programa, que a tres meses de finalizar ni siquiera va por la mitad de los deudores regularizados y, entre estos, un alto porcentaje que ya dejó de pagar.
Amenazar con cortes ha sustituido poco a poco la narrativa del supuesto atractivo por estampar la firma en un nuevo contrato. Eso, lo deben saber bien quienes hoy están en el poder y antes estuvieron junto a los morosos, no los asusta tras décadas de evadir los pagos.
