El Secretario de la Función Pública en Tabasco, Jaime Antonio Farías Mora informó que durante la presente administración, se han interpuesto 25 denuncias penales derivadas de las auditorías realizadas y una más como resultado de una investigación, que en su conjunto las 26 denuncias representan un monto de un mil 240 millones de pesos.
Asimismo, dijo que con corte al 31 de octubre del presente año, el monto fiscalizado por parte de los entes fiscalizadores federales y estatales a la cuenta pública 2022, fue de 18 mil 831 millones de pesos, de los cuales quedaron observados 94 millones 290 mil pesos, lo que representa el 0.5%. Mientras que entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se desarrollaron 105 auditorías, de las cuales 73 se concluyeron, con un monto fiscalizado de 31 mil 171 millones de pesos y un monto observado de 606 millones de pesos.
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“Las acciones preventivas que desde un inicio hemos venido realizando, han permitido que los montos observados por los entes fiscalizadores tanto federales como estatales, hayan disminuido en un 98%, es decir en el 2018, fue observado el 26% del monto fiscalizado y a la presente fecha solo el 0.5%”, expresó.
Durante su comparecencia al congreso local indicó que se han fijado como objetivo la tarea de depurar las observaciones que desde el 2012, se encontraban pendientes de solventar ante la Secretaría de la Función Pública federal y en la Auditoría Superior de la Federación, nuestro propósito es lograr que al final de esta administración, sólo quedan por solventar las posibles observaciones que se puedan generar a la cuenta pública 2023.
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Explicó que derivado de las acciones preventivas implementadas, se logró disminuir el índice de observaciones al 1.94 por ciento, por segundo año consecutivo, aclarando que el índice corresponde a dos ejercicios, el cual comprende del último trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2023.
Detalló que se han emitido 188 resoluciones, iniciados con motivo de las auditorías realizadas por diversos entes fiscalizadores, de las cuales se concluyeron 14 expedientes por auditorías realizadas por la Función Pública federal, 45 derivados de la Auditoría Superior de la Federación, 61 por pliegos de cargos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización, 38 por auditorías realizadas por la otrora Secretaría de Contraloría y 30 por denuncias presentadas.
Precisó que las resoluciones emitidas consisten en: sobreseimientos, prescripciones, inexistencia de responsabilidad y sanciones administrativas, en las cuales se sancionaron a un total de 53 ex servidores públicos, entre ellos destaca la inhabilitación a un ex servidor público por 17 años. Agregó que durante la presente administración, se han interpuesto 25 denuncias penales derivadas de las auditorías realizadas y una más como resultado de una investigación, que en su conjunto las 26 denuncias representan un monto de un mil 240 millones de pesos.
Mencionó que la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, en el periodo que se informa radicó 33 expedientes, de los cuales 25 se encuentran en trámite, 6 fueron declinados y 2 fueron concluidos. Del año 2017 a la presente fecha, dijo, se radicaron 936 expedientes, de los cuales 421 fueron concluidos, 351 fueron declinados a los OIC, 147 se encuentran en trámite, y 17 derivaron en un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Por su parte los Órganos Internos de Control, con el propósito de coadyuvar en las tareas de vigilancia en las dependencias y entidades de su adscripción, en el periodo que se informa, se radicaron 527 expedientes, de los cuales se encuentran en trámite 228 y 299 concluidos, de los cuales 73 generaron un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
