Cada día que pasa se esfuman las probabilidades de que Arturo Núñez Jiménez sea imputado por la presunta corrupción en su gobierno. Hay elementos irrebatibles para descartar que el perredista tenga la mala fortuna que su antecesor, el priísta Andrés Granier Melo.
Vaya, es muy endeble la versión de que este fin de año que los diputados analicen el último ejercicio fiscal de Núñez, se lo van a reprobar y le pedirán al Órgano de Fiscalización Superior (OSF) que presente ante la Fiscalía General del estado las demandas a que haya lugar.
No existe precedente de que un año después de dejar el cargo, a un exgobernador lo hayan punido y que como consecuencia vaya a la cárcel.
Núñez no irá al reclusorio por: 1) como tiene más de 70 años puede acogerse a la figura de prisión domiciliaria a que tienen derecho los adultos mayores con salud disminuida; y 2) pertenece a la clase política acaudillada por Andrés Manuel López Obrador que en 2012 le ganó la gubernatura al Revolucionario Institucional, lo que significa que le entregó el despacho de Plaza de Armas al segundo izquierdista que gana por el apoyo del ahora presidente.
Pero, a decir de fuentes enteradas, hay dos factores adicionales a las razones anteriores: 1) no hay delito que perseguir (esta posibilidad es muy, pero muy remota), y 2) supuestamente “no hay pruebas” para fincar una responsabilidad penal.
El factor número dos tiene un argumento difícil de rebatir: Núñez habría incurrido en lo que se llama lavado de cuentas (publicas).
El lavado de cuentas significa “borrar” evidencias de cualquier irregularidad administrativa, mediante despachos especializados que cuentan con genios en “cuadrar números”.
La fuente del reportero precisa que las cuentas de Roberto Madrazo Pintado las “trabajó” el despacho de Manlio Fabio Beltrones, y de las de Manuel Andrade Díaz se “encargó” el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.
Por supuesto, Andrés Granier también tuvo “ayuda” en ese sentido, pero en su caso el régimen de Enrique Peña Nieto recurrió a su detención o “procesamiento de facto”, aunque a la vuelta de los años está siendo exonerado.
El encarcelamiento del priísta fue “forzado¨, pues se emitió una orden de aprehensión por delitos fiscales (lo acusan de no pagar impuestos por dos millones de pesos) y ya procesado por el fuero federal, la justicia de Tabasco lo persiguió por peculado de 196 millones de pesos del presupuesto del sector salud.
A Granier, quien ya se encuentra en prisión domiciliaria, lo acusan de “permitir¨ el desvío de recursos del gasto etiquetado al seguro popular.
Si se confirma el saqueo a las arcas que el nuevo gobierno ha empezado a documentar y se “hace justicia¨, no necesariamente se va a tratar de llevar a la cárcel al exmandatario, pues cada área tiene sus responsables.
Un político tabasqueño con muchos años en el oficio sostiene que “poco a poco¨ la población se irá olvidando del caso Núñez, y que en el transcurso de un año el exgobernador ya no será tema de debate.
Este reportero es de la idea de que el expediente Núñez será materia de discusión en la jornada electoral intermedia de 2021.
PARA SU INFORMACION…
UN DESTACADO PRIISTA de Tabasco asegura que el perfil del dirigente estatal del PRI es “el anti-perfil” de quien hoy lo preside. “El nuevo líder estatal debe ser totalmente todo lo contrario (sic) de Pedro Gutiérrez¨, subraya. Este diagnóstico le quita a Gutiérrez la posibilidad de competir por el cargo que ocupa. En realidad, el próximo jefe local del tricolor debe ser alguien que no lleve tiempo en la burocracia del partido como Gutiérrez, ni que represente parcelas de poder.
