Al continuar este fin de semana los hechos violentos en la entidad, el Colegio de Abogados Tabasqueños cuestionó los resultados del Operativo Tabasco Seguro y advirtió que algunos de los aseguramientos de presuntos delincuentes que se están presentando en la entidad, podrían estar viciados de origen. Esto por la violación de los protocolos por parte de las autoridades que están actuando por encima de lo permitido por la ley.
Lee más: Operativo logra detención de 165 presuntos delincuentes y arsenal decomisado
El presidente de este colegio de profesionistas, Pedro García Falcón, comentó que en principio de cuentas los retenes son inconstitucionales, ya que la autoridad tiene la obligación de hacer las investigaciones inicialmente y si un fiscal le pide a un juez una orden de investigación, de aprehensión o de cateo, la policía debe acudir a darle seguimiento conforme a la ley que está marcada únicamente a través de un juez.
“Pero hemos estado viendo que según son enfrentamientos que se dan de forma esporádica, que no es que vayan siguiendo a alguien, sino que en el acto empiezan los disparos y derivado de eso se introducen en un inmueble, y resulta que rescatan incluso secuestrados; la labor está bien por ese lado, pero en cuanto a la cadena de custodia, de las pruebas, de las personas que están liberando o deteniendo en el procedimiento, a mi parecer está viciado, porque no se analiza que haya una investigación en serio, que haya el mandato de un juez competente y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; creo que la policía está actuando un poquito por encima de lo que la ley le establece”, afirmó.
García Falcón señaló si bien se entiende que hay grupos delincuenciales en diversos puntos del estado, también es cierto que existen protocolos y lineamientos que las autoridades están obligados a cumplir como mandato legal. Familia de campesino muerto en enfrentamiento en Jalapa puede demandar el homicidio
De igual forma, destacó el caso del campesino que murió durante el enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y corporaciones policiales y del ejército en San Marcos, Jalapa, a quien dijo, se está contabilizando como un presunto criminal más. Por ello, consideró que la familia del campesino tiene el derecho de demandar el homicidio, la reparación del daño y en segundo lugar la responsabilidad civil de la autoridad por señalar a un inocente como delincuente.
"Conforme a la foto que se publica, efectivamente el señor aparece en una parcela, y no se le ve ningún tipo de arma, ahí lo que tienen ellos es la posibilidad de demandar el daño a quien resulte responsable del disparo... Los familiares ya pueden presentar su denuncia; ése es un daño que le está causando la autoridad, ya de por si lo privó de la vida, ahí hay un delito, y todavía siguen revictimizando a su familia con el hecho de llamarlo delincuente cuando no hay todavía ninguna resolución que así lo determine; lo que hay es un exceso de la fuerza del orden, hay inconstitucionalidad en muchas de las cosas que vienen realizando”, puntualizó.
