El representante electoral del PRD, Carlos Alberto Castellanos Morales, criticó el gasto que pretende realizar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para realizar un nuevo estudio encaminado a determinar si procede la rehabilitación del edificio ubicado en periférico.
Advirtió que este inmueble ya se convirtió en un "barril sin fondo" al que se le inyectan recursos cada año, sin que sea usado para el fin por el que fue adquirido, es decir, ser la sede del organismo que actualmente renta oficinas en la calle Castillo de la colonia Centro.
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Y es que la consejera presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez, anunció que se buscará la opinión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para establecer la factibilidad de remodelar y adecuar el edificio.
Esto a pesar de que ya se cuenta con un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Tabasco, cuya copia se circuló a los partidos políticos y que señalaba que la infraestructura está en condiciones para recibir al personal.
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"Nosotros como representación consultamos a un experto que nos dijo que el edificio se puede recuperar y no con recursos millonarios como se ha venido manejando", acotó.
En 2011 el Instituto pagó un importe de 32 millones 600 mil pesos por este bien, que nunca ha servido para lo que se adquirió y que fue señalado como un fraude que llevó a un proceso legal.
Entre los consejeros electorales que autorizaron esa compra-venta estaban Elidé Moreno Cáliz, actual secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupcion-Tabasco; el consejero Rosendo Gómez Piedra, actual director jurídico de FONATUR y Tren Maya, y antes lo fue de la Secretaría de Bienestar federal.
También por el entonces consejero electoral Jorge Montaño Ventura, quien actualmente es el fiscal electoral del estado, quien se amparó y llevó el proceso en libertad hasta ganar el juicio
