Millones de pesos se van cada año en secretarías y organismos de los que pocos resultados se han visto y que incluso han motivado que diputados locales y actores políticos exijan su desaparición.
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En primer lugar, el Sistema Estatal Anticorrupción, creado en 2017, cuyo objetivo es establecer y evaluar la política nacional anticorrupción en la entidad, pero que realmente no tiene funciones para investigar o sancionar. Sin embargo, para 2022 la Secretaría Ejecutiva del SEA dispondrá de 23 millones 50 mil pesos.
El dirigente estatal del PVEM, Miguel Armando Vélez Mier y Concha, dijo que este ente no llega “ni a elefante blanco” porque a la fecha no se conoce de un caso que haya resuelto dicho organismo.
Incluso dijo que es lamentable que ni siquiera está haciendo algo en la búsqueda de la reintegración del dinero presuntamente desviado por el exgobernador, Arturo Núñez Jiménez.
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"Tenemos un Sistema Estatal Anticorrupción que ya va siendo hora que devenguen el sueldo que hoy en día se les paga. –¿Es un elefante blanco?– Ni a elefante llega, no sabemos un solo caso de corrupción que hayan abatido y ya tiene más de tres años este Sistema Estatal Anticorrupción y no ha hecho absolutamente nada", afirmó.
Pero no es el único. En 2019 el Congreso del Estado de Tabasco avaló reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
La nueva Unidad, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, tiene como “eje primordial recolectar la información patrimonial, financiera y económica para la prevención, identificación, combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados, así como a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia”.
Ese año su titular, Arturo Abreu Ayala aseguró que se habían iniciado 120 investigaciones, la mayoría contra exfuncionarios de la administración pasada y a empresarios, pero tres años después no se ha informado de la conclusión de alguna.
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Tampoco se sabe en qué se ha gastado los 24 millones 160 mil pesos que recibió este año. Pues ni siquiera tiene un sitio oficial en donde los tabasqueños puedan conocer sus funciones y, sobre todo, sus resultados.
Además, no se puede dejar pasar la petición del PRD, particularmente del diputado Juan Álvarez Carrillo para que la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; y la Secretaría para el Desarrollo Energético ya dejen de existir.
Según los perredistas, estas dependencias no generan programas propios, dependen en gran medida de la federación y tampoco presentan con claridad sus logros obtenidos.
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La primera ejercerá 381 millones 562 mil 179 pesos en 2022, y la segunda 86 millones 856 mil pesos.
Álvarez Carrillo presentó una iniciativa al respecto y en su exposición de motivos señaló que resulta irracional la duplicidad de funciones y aún más, crear entes que carecen de competencia legal y administrativa, dado que una de las funciones del estado es sancionar aquellas actividades que se apartan del ámbito legal, en virtud de que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado.
“Por lo que, al no tener soporte legal para cumplir con su facultad sancionadora y descansar en otro ente público sus decisiones, se convierten en organismos innecesarios, que solo aparecen en el organigrama de la administración pública, pero sin función orgánica”.
