Además de no pagar los laudos laborales, los ayuntamientos de Tabasco se ven imposibilitados para detonar obras de desarrollo debido a la tardanza de estos juicios ante instancias locales.
De acuerdo a la representante de la Asociación Civil Abogadas de Tabasco, María de los Ángeles Frías Sánchez esta es una situación que se da en todas las administraciones municipales.
Esto al referirse al hecho de que los 17 ayuntamientos del estado de Tabasco han duplicado el adeudo por concepto de laudos laborales, pasando de 735 millones de pesos en octubre del año pasado, a mil 778 millones de pesos en octubre de 2022.
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De acuerdo a los datos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje obtenidos por El Heraldo de Tabasco vía transparencia, en solo doce meses, los pagos pendientes a trabajadores despedidos de forma injustificada se han incrementado considerablemente.
“Esto es del dominio público, la situación que viene prevaleciendo precisamente cada 3 años con los cambios de administración y yo creo que por las nuevas adecuaciones de la ley esta tiene que seguirse revisando y actuar en consecuencia, porque no puede haber pues un gobierno que ofreció hacer la cosas bien, sin corrupción, con rapidez y no lo está haciendo”, afirmó.
La abogada consideró que la ley debe ser ágil y expedita pero en este caso no está haciendo porque no se da cumplimiento a los laudos. “En cambio vemos que cada día un presidente municipal se ve acotado de realizar obras de verdadero beneficio para la colectividad, porque el que va a hacer esto está pensando cómo debe liquidar esos laudos, de modo que no los deja trabajar”, aseveró.
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Asimismo, dijo que también en el desarrollo de los juicios hay lentitud lo cual debe ser combatido por las autoridades. “En esto debe existir preocupación en las autoridades para que se resuelva lo más rápido posible”, agregó.
Cabe señalar que ninguno de los ayuntamientos se salva de esta práctica y en conjunto, la deuda por resolutivos emitidos por los tribunales en contra de los gobiernos municipales asciende a mil 778 millones de pesos que en algún momento deben pagar.
El reporte entregado por el organismo estatal a esta casa editorial también registra a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con pendientes de pago por este mismo concepto. En el caso del Ejecutivo, el pendiente de pago llega a los 185 millones 775 mil pesos, mientras que el Legislativo aparece con 3 millones 480 mil pesos.
Las demandas laborales por despido injustificado ya se han vuelto una tradición en los municipios, donde cada tres años el gobierno entrante lleva a su gente y despide a los anteriores, generando una ola de demandas ante los tribunales laborales, que son ganados por los trabajadores, quienes sufren para poder cobrar sus sueldos caídos y demás prestaciones ante la falta de recursos en las arcas municipales.
