Letra muerta ha resultado la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco, pues este 2023 solo se ha resarcido el daño a la risible cantidad de dos personas.
Tras varios años de haber sido aprobada, esta legislación no ha tenido mayor impacto y aún es desconocida por la población.
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Esta Ley se aplica en beneficio de todas las víctimas del delito o por la violación de derechos humanos, sin distinción alguna motivada por razones de origen étnico o nacional, género, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, de salud, religión, opinión, orientación o identidad sexual y estado civil.
O cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la Víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características, en ambos casos
Sólo 28 personas reconocidas como víctimas
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del estado de Tabasco informó que, del primero de octubre de 2022 al treinta de septiembre de 2023, apenas un total de 28 personas fueron reconocidas como víctimas de delitos.
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De estas personas, 15 fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo un caso en que quienes cometieron esas violaciones eran servidores públicos, ocho casos corresponden a personas desaparecidas, dos víctimas de feminicidio y una víctima de secuestro.
La mitad de las víctimas eran directas y la otra mitad fueron víctimas indirectas de estos delitos.
La CEEAV informó que de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) 2022 se recibieron recursos por 6 millones 407 mil 900 pesos, los cuales se gestionaron ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SEFIN).
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También se hicieron las gestiones correspondientes para recibir la aportación de recursos correspondientes al 2023.
En ese sentido, la CEEAV detalló que del primero de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2023 pagó 89 mil 205 pesos por concepto de apoyo únicamente a dos víctimas.
Una directa con dos hijas menores de edad y una víctima indirecta, también reconocida en el Registro Estatal de Víctimas.
CEEAV un área desatendida que no tiene autonomía
La directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano, Julia Arrivillaga Hernández señaló que la legislación ha dejado mucho qué desear.
Refirió que el OCT ha estado trabajando en un proyecto orientado a revisar precisamente si se cumple o no a las víctimas.
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"De alguna forma hemos encontrado en el trabajo de investigación que estamos haciendo, por un lado, que no hay suficiente presupuesto para que la CEEAV pueda operar debidamente.
Y, por otro lado, no hay autonomía en el organismo, pues quien ocupa la titularidad del mismo sólo está ahí más para cumplir que para resolver”.
"A quien asignan como titular de esta área, por lo menos no encontramos antecedentes de que estuviera empapado en el tema de atención a víctimas y no se sabe si el personal realiza su trabajo con perspectiva de género", expuso.
Entonces -prosiguió-es un área que todavía le falta mucho por trabajar y si lo queremos ver por el lado bueno es un área de oportunidad bastante abierta para poder implementar un buen trabajo y mejorarla.
Arrivillaga Hernández, enfatizó que definitivamente sí está muy desatendida esa parte en Tabasco.
Enfatizó que, por mencionar un ejemplo, de 5 mil víctimas reportadas por el Secretariado, solamente se da atención a 200 de ellas.
No garantiza reparación de daños a menores en caso de feminicidio
Para el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Efraín Rodríguez León el CEEAV es un completo "elefante blanco".
"Simplemente funciona como enlace, lo que hace únicamente es canalizar a la víctima con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que ahí le asignen a un asesor jurídico, pero nunca le brindan la atención jurídica a la víctima", comentó.
Mientras que en lo que tiene que ver con la atención psicológica, siempre busca que sean los municipios hagan convenios con los hospitales regionales para que sean estos los que las atiendan, pero en realidad, en la gran mayoría de los casos se relegan.
Cuestionó hacia dónde se destinan los recursos del presupuesto que recibe porque no cuenta con abogados, psicólogos o especialistas.
"Mucho menos podemos hablar de que hagan una reparación de daños a las víctimas", expresó al tiempo de mencionar que CODEHUTAB ha puesto a prueba a esta comisión en el caso de los feminicidios.
En ese sentido, comentó que cuando el padre va a prisión, los hijos quedan en manos de los abuelos maternos que son a veces de la tercera edad y de escasos recursos económicos.
Y es ahí precisamente cuando la CEEAV tiene que garantizar la reparación de daños a los menores.
"Porque si bien a la hora de dictar sentencia los jueces condenan al agresor, también es cierto que el sentenciado nunca cubre esa reparación y los niños quedan en estado de orfandad e indefensión y es ahí donde tiene que actuar y no lo hace", subrayó.
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) trabaja en mecanismos para atender a las personas que son víctimas por vulneración de sus derechos, incluso tratándose de migrantes y emite recomendaciones en el sentido de que los daños sufridos les sean reparados.
"Esperemos que este año más personas sean beneficiadas por ese fondo que se creó precisamente con ese objetivo", refirió el presidente de este órgano autónomo, José Antonio Morales Notario.
Consideró que habría que ver porqué solamente dos personas han sido beneficiadas en ese sentido.
Cabe recordar que, según la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco, las víctimas que sean reconocidas como tales por autoridades como jueces penales, civiles, familiares o de amparo, organismos públicos e internacionales de protección a derechos humanos, la propia CEEAV o un fiscal del Ministerio Público, tienen derecho a acceder a medidas de ayuda, asistencia y atención en materia de salud, educación, desarrollo social y acceso a la justicia.
Incluyendo medidas de ayuda inmediata, en materia de alojamiento y alimentación, de traslado, protección, asesoría jurídica, así como también a medidas de reparación integral de los daños y afectaciones causados por los delitos de que fueron víctimas o por la violación a sus derechos humanos, así como medidas de no repetición de los hechos que vulneraron a las víctimas
