Al celebrar el revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la llamada "ley compadre", el dirigente estatal del PRD, Darvin González Ballina refirió que esta sembraba la duda de que la obra pública era asignada a personas con las que se tenía compromisos de campaña.
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En ese sentido, el perredista subrayó que en tiempos electorales se hacen convenios con contratistas que "sueltan" recursos, dinero, para que los candidatos financien sus eventos y acciones en busca del voto.
Y, por tanto, los gobernantes, llámese presidentes municipales o gobiernos estatales tienen que pagar esa "factura'.
Además, que se les quita un porcentaje y las obras son de malísima calidad y no tienen la autoridad moral para reclamar por estas anomalías.
"Esto da confianza de que se está aplicando la ley sin distingos, y queda demostrado que si se quiere actuar con honestidad lo correcto es que se hagan licitaciones, no es posible que se realicen asignaciones directas", expresó.
