La opinión de la mayoría de los ciudadanos es de preocupación por los niveles de desconfianza en la justicia en México.
El país vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada, a pesar de reformas en materia de justicia y derechos humanos. La impunidad en México es una constante, pues según distintos informes, alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan solo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas llegan ante un juez.
Diversos factores obstaculizan el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia.
A pesar de los avances existe un abismo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o estatal. En los sistemas de seguridad pública y justicia penal, queda mucho por hacer.
Todos coincidimos en que es imprescindible combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles. La consolidación del sistema penal acusatorio trajo consigo aires de renovación para el Poder Judicial como un nuevo de paradigma diseñado para impartir justicia con un perfil más humano y transparente. No obstante, hoy es un cuello de botella en un trunco proceso reformista.
México es una República Federal cuyas funciones operativas se dividen en el Poder Ejecutivo, a cargo del Presidente de la República, el Poder Legislativo integrado por las cámaras de Diputados y de Senadores, y el Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las réplicas del esquema federal se repiten en cada una de las entidades federativas con un gobernador representando al Ejecutivo, una Cámara de Diputados local, y un Tribunal Superior de Justicia.
La iniciativa de reforma constitucional propuesta por Morena para crear una tercera Sala Especializada en Anticorrupción en la SCJN y aumentar a 16 el número de ministros, carece de un estudio diagnóstico riguroso y objetivo, que demuestre que crear una nueva Sala especializada en la materia contribuirá a combatir la corrupción y mejorar la impartición de justicia.
Aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente e insólito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Cualquier reforma que se haga al Poder Judicial debe ser para fortalecerlo en sus atribuciones e independencia.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. Al incrementar el número de ministros se abre la oportunidad de designar perfiles afines, con el fin de aumentar la influencia del partido mayoritario sobre las decisiones de la Corte, constituyendo una amenaza a la independencia de la impartición de justicia y, con ello, a los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado Democrático de Derecho.
México tiende hacia la centralización del poder a través de la concentración de funciones. Lo advertimos en la manipulación de congresos locales y un abyecto Congreso federal que tiende a otorgar mayores facultades al presidente. Al tiempo y recordemos que en política, forma es fondo.
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