El presidente del CEN del PRI en Tabasco, Dagoberto Lara Sedas manifestó su apoyo a favor de la marcha nacional contra la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla, entre otras, el cambio de nombre del INE al INEC y que los aspirantes a magistrados del TEPJF sean seleccionados por los tres poderes de la Unión y elegidos en voto popular.
“El PRI Tabasco da su respaldo absoluto a los ciudadanos que se manifestarán en todo el país en defensa de la democracia ante el golpe de estado que pretende dar el gobierno de Morena”.
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Tras hacer un llamado a la ciudadanía para que se sumen al movimiento en defensa del INE programado para el domingo 13 de noviembre del 2022, el líder priísta enfatizó que la administración federal busca instaurar un régimen autoritario.
“La actual administración federal busca someter al Instituto Nacional Electoral a sus caprichos autoritarios”.
Señaló que al gobierno de AMLO los organismos independientes como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han convertido en un obstáculo por lo impulsa la Reforma Electoral.
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Por otro lado, el dirigente estatal Lara Sedas respaldó a los demás diputados federales, a la dirigencia del PRI Nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, colectivos y sociedad civil que decida unirse a la manifestación nacional convocada para el domingo 13 de noviembre a las 10:30.
Luego de que el presidente López Obrador argumentara que ‘los principios no se negocian’, el presidente del CEN en Tabasco lo descalificó añadiendo que solo son expresiones de un dictador, además que el pueblo es sabio y ya está alzando la voz.
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“Son expresiones de un dictador desesperado porque el pueblo ‘bueno y sabio’ está alzando la voz cada vez con mayor fuerza ante las atrocidades que está cometiendo”.
Destacó que en un documento emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República sobre la repercusión en la calidad y certeza de los siguientes procesos electorales basados en la Reforma Electoral, el costo de la elección de consejeros y magistrados electorales costaría 8 mil millones de pesos.