El 27 de marzo de 2017 una mujer fue asesinada de 11 puñaladas en su casa, su nombre era Emma Gabriela, quien llevaba dos años luchando por recuperar a sus hijos. Su feminicida fue un alto funcionario del gobierno de Tabasco, consigna un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que cuenta los hechos de este crimen cometido en Yucatán.
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Al iniciar el documento en cuestión, menciona lo siguiente: Emma Gabriela, una madre joven yucateca quien luchó durante dos arduos años por recuperar a sus hijos -secuestrados por el padre, Martín Alberto, un político priista actualmente preso por corrupción-.
Las líneas anteriores dan una idea de lo que enfrentó la mujer hasta el día de su muerte; ella nació el 22 de junio de 1974, fue la mayor de cinco hermanos. Se tituló como Licenciada en Administración de Empresas. Emma se casó con Martín Alberto, con quien procreó tres hijos. Durante el matrimonio sufrió violencia física, psicológica, económica y patrimonial a manos de su pareja. El documento de la CNDH indica que la situación para el 2007 ya era notoria; fueron 16 años de maltratos tanto a ella como a los menores de edad.
Ante la situación que vivía, la mujer se divorció y logró la custodia legal de sus hijos y se fue a Yucatán; para ese entonces, su expareja era un alto funcionario del gobierno de Tabasco. Cuando parecía que ya la violencia no volvería a su vida, fue secuestrada. Al respecto, el texto consultado refiere: “El 25 de mayo de 2012 fue secuestrada por agentes judiciales del estado de Tabasco, y llevada bajo falsos cargos de robo de autos”.
Al final, este episodio de su vida se resolvió a su favor, ya que se demostró que la acusación era falsa, no sin antes vivir cuatro meses donde fue golpeada y varias veces agredida. Tras lograr su libertad se enteró que su exesposo había raptado a sus hijos. En respuesta, la mujer denunció el hecho, y a partir de ese momento es que comienza a ser objeto de acoso judicial y amenazas.
Pese a la acciones emprendidas contra ella, logró junto con su madre, Ligia, llegar hasta el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en actos públicos en los que exigieron el apoyo de las autoridades federales, lo que dio frutos en octubre de 2014. El documento de la CNDH consigna: “Luego de dos años de búsqueda y denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) logró rescatar a los menores”, además de que se logró detener al secuestrador: el padre de los niños y expareja de Emma.
Cuando parecía que todo había acabado, el 27 de marzo de 2017 fue asesinada de 11 puñaladas por dos sujetos; estos habían sido contratados por su exesposo, quien desde la cárcel (en donde purga una condena de 12 años) planeó acabar con la madre de sus hijos. Tras el crimen, el organismo indicó: fue verdaderamente indignante que, a pesar de haber recibido múltiples denuncias, las autoridades no hicieron nada para evitar el feminicidio de Emma…”.
