Más de 18 mil escuelas particulares cerrarían sus puertas de inmediato en caso de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía imponga la Norma Oficial Mexicana (NOM) 237 a escuelas privadas, en perjuicio de éstas y de los padres de familia, ya que implicará una sobre regulación e invasión de facultades y violación al Estado de Derecho, señalaron organizaciones de colegios particulares.
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En conferencia de prensa estimaron que para enfrentar la carga de cumplimiento generada por la NOM-237, las instituciones particulares de educación tendrían que elevar las colegiaturas entre 12 y 15 por ciento.
Esto sólo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta tres meses y 15 días en los pagos que deben realizar los padres de familia, que establece el proyecto de esa norma.
Además, de seguir adelante esta norma, podría impactar en el cierre inmediato de entre un 10 a un 40 por ciento a nivel nacional, lo que significaría unas 18 mil escuelas
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Jesús Manuel Nájera e Itzel Carmona, representantes de instituciones educativas, comentaron que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales que les aplican a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso aplicarle esta nueva disposición.
Confiaron en que al final con el apoyo de la sociedad mexicana, esta NOM no será aplicada, pero de ser así, el último recurso al que se apegarían las escuelas sería acudir al amparo, ya que se trata de violaciones anticonstitucionales.
Asimismo, recordaron que durante los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 desertaron casi 400 mil alumnos, de 3.7 millones inscritos, lo cual ha sido un golpe para las instituciones particulares de educación, sobre todo a las más pequeñas que ya cerraron.
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Además, con la nueva norma tendrían que dejar de exigir el pago de colegiaturas durante 3 meses y 15 días, pero si la escuela no cobra, no podrá hacer frente a sus nóminas, por lo que se prevé un escenario de desempleo.
Cabe señalar que con estas medidas dejarían de percibir del 25 por ciento al 35 por ciento de los ingresos anuales, sin tomar en cuenta que los flujos de operación mensuales serán afectados y llevaría a las instituciones particulares a contratar créditos para pagar la nómina y el resto de los costos de operación, lo que aumentaría el gasto de 12.7 a 14.6 por ciento.
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Por ello, pidieron al gobierno federal hacer un alto y desestimar ya no sólo la construcción viciada de esta NOM, sino olvidarse imponer una sobre regulación que es inconstitucional y generará perjuicios en el sector que le corresponde y sus actores, que son los padres de familia que desean acudir a otras opciones de enseñanza más allá de las que tiene el Estado Mexicano.
El proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, fue publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pero aún no ha sido validado ni entrado en operación, por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Economía a revertir el proyecto.
