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El Congreso de la Unión busca evaluar a las universidades mediante la creación de la “Comisión para la Evaluación del Tipo de Educación Superior’’ que estará integrada por legisladores, representantes del gobierno federal, de los gobiernos estatales y uno de las instituciones de educación superior.
De acuerdo con el borrador de la nueva Ley General de Educación Superior, anteproyecto que se discute en el Congreso, también se volverá obligatorio la elaboración y entrega al Congreso de la Unión de la Unión y a los Congresos locales, de “un informe anual sobre el estado que guarda la educación superior en el país’’.
En su artículo 56, la nueva Ley General de Educación Superior se refiere a la creación de la “Comisión para la Evaluación del Tipo de Educación Superior’’, un órgano colegiado que tendrá como objetivo proponer, diseñar e instrumentar estrategias y acciones en materia de evaluación, formativa e integral del Sistema Nacional de Educación Superior para contribuir a su mejora continua.
Entre sus atribuciones, está establecer y coordinar el sistema de evaluación de la educación superior como un conjunto articulado y coordinado de autoridades, instituciones, organizaciones educativas, mecanismos, e instancias para la evaluación del tipo de educación superior.
Dicha Comisión estaría integrada por la SEP, Conacyt, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, su homólogo de la Cámara de Diputados, el titular del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, un representante de las instituciones de educación superior y otra de las universidades privadas.
Consultada por El Sol de México sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, dijo que hay participación y propuestas de legisladores de ambas cámaras. El texto está en revisión y análisis, inclusive está previsto un parlamento abierto en San Lázaro.
Mientras que para el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, integrante de dicha comisión, el proyecto no es definitivo, está en discusión, siguen llegando propuestas de universidades públicas y privadas, rectores, organizaciones de la sociedad civil, normales, y pedagógica. Todo se está discutiendo.
“No hay un documento en definitivo, está en proceso y discusión”, indicó.
