Violaría los derechos humanos: Codehutab

El organismo señala que sería una incongruencia la privatización del agua, si se toma en cuenta el despilfarro que se hizo del líquido con las albercas del Ayuntamiento en Semana Santa

Raquel May Olán

  · miércoles 22 de mayo de 2019

El derecho al agua es un derecho humano y al ser un derecho humano significa que el Estado tiene la obligación de proveer este servicio a la población, dijo Efraín Rodríguez, Asesor Jurídico de Codehutab. /Carlos Pérez

Para el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) la posibilidad de privatizar el agua potable en el municipio de Centro sería una violación a los derechos humanos por parte del presidente municipal, Evaristo Hernández Cruz, ya que el agua es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de proveerlo.

Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Codehutab, indicó que aunado a ello, sería una incongruencia tomando en cuenta que la pasada Semana Santa el Ayuntamiento de Centro gastó 10 millones de pesos en un programa de albercas y toboganes que privó del vital líquido a varias demarcaciones de esta capital.

“El derecho al agua es un derecho humano y al ser un derecho humano significa que el Estado tiene la obligación de proveer este servicio a la población, ya que es un derecho fundamental y necesario para la vida, por lo tanto el presidente municipal estaría cometiendo una violación a los derechos humanos al privatizar el agua”, indicó.

A lo que continuó: No puede salir con esta estupidez luego de que en semana santa despilfarro más de 10 millones de pesos con las dichosas albercas, privando a muchas colonias del vital líquido solo para su circo, maroma y teatro y que ahora venga que no hay recursos para invertir en eso y por eso tiene que incrementar el costo de este servicio.

Finalmente y de manera conjunta, el activista expuso que en el trienio de Jesús Alí de la Torre se intentó hacer lo mismo, sin embargo, en ese entonces el Tribunal de Justicia Administrativa emitió un decreto en el que especifica que no procede, luego de una queja interpuesta por los líderes de las zonas chontales; por lo que hay herramientas jurídicas para combatir esa intención.

“Existe un decreto donde se prohíbe el incremento al precio del agua en el municipio, por lo tanto en aquella ocasión líderes de la zona de la isla interpusieron una queja ante el tribunal de lo contencioso administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa y luego de un litigio se definió que no era procedente el incremento al precio de agua”, concluyó.