Por dejar caducar más de 100 mil cajas de medicamentos diversos, con daños de más de 12 millones de pesos, se puede iniciar una demanda penal contra la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández y sus subordinados involucrados, incluso contra el propio gobernador.
Así lo señaló el expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños (CAT), Sergio Antonio Reyes Ramos, quien agregó que se estaría configurando un posible genocidio o delitos contra la dignidad de las personas.
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Dijo que de entrada, si hay los fundamentos suficientes, tendría lugar un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables del daño, tanto a la salud de las personas como del erario.
"Entonces, como afectó seguramente la salud de muchas personas, si hubiese algún ciudadano que falleció por causa de que no se le suministró ese medicamento que la dependencia tenía la obligación de proporcionarle o que le negaron, entonces podría caber una cuestión de orden penal", expuso.
Aunque -prosiguió- habría que ver si es del orden federal, hay una variante del genocidio que habla de cuando hay necesidades y no se atiende por negligencia de las autoridades.
Dejó que por lo pronto hay la suficiente causa para abrir un procedimiento de responsabilidad administrativa, solo falta que haya quien lo inicie que en este caso podría ser cualquier ciudadano y por la parte legal alguna persona que se sienta afectada porque su familiar no pudo recibir un medicamento.
"La demanda penal va contra personas físicas, contra la escala de mandos que hay, puede ser contra la titular de la Secretaría de Salud o hasta contra el gobernador que es el principal responsable de la administración pública estatal", apuntó.
Y destacó que hay un elemento grave que se le puede añadir a esta situación, que es la pandemia de COVID-19, pues las personas en estado de vulnerabilidad quedaron totalmente expuestas.
