La diputada del PRD, Patricia Hernández Calderón, presidenta de la segunda Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, se pronunció a favor de las medidas que anunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para sancionar económicamente a los funcionarios estatales y municipales que no entreguen en tiempo y forma, la información de revisión de cuentas públicas, ya que con ellos se aplicará un mayor combate a la corrupción en el país.
Dijo que en la ley o reglamento se encuentran estipulados todos esos requisitos, ya que quienes infrinjan la ley deben ser sancionados.
Agregó que para evitar la creación de empresas "fantasmas", se le debe de dar total preferencia a los proveedores de los Estados pues muchas las mismas autoridades traen empresas de otros lugares para cumplir con los tiempos y requisitos que le marca la ley.
En la víspera el director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel reveló que si los funcionarios municipales o estatales se niegan a entregar la información que se les solicite podrían ser multados hasta con 280 mil pesos.
La diputada mencionó que de esta forma se protege la economía, porque que los recursos generados queden dentro del Estado.
"Y la ley debe de aplicarse conforme a derecho, sin exclusión o favoritismo de algún funcionario. De manera prioritaria se debe de dar el beneficio a los proveedores locales. En cada Estado", puntualizó.
Al señalar que uno de cada cuatro pesos observados por la ASF, son ejercidos en los municipios, el director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel advirtió que si los funcionarios municipales o estatales se niegan a entregar la información que se les solicite podrían ser multados hasta con 280 mil pesos.
Palacios Cardel, indicó que si bien este año el órgano auditor planteó revisar el uso de las participaciones federales en 120 municipios, se podrían iniciar auditorías hasta en mil municipios y que por lo tanto deben comprobar el ejercicio del gasto público en el tiempo que se le solicite.
Detalló que entre las irregularidades más detectadas en la administración de los recursos se encuentran la contratación por parte de los ayuntamientos de empresas de reciente creación que resultan ser “fantasmas”.
