Como grave e irresponsable, calificó el PRI los señalamientos del gobernador Adán Augusto López Hernández de que varias organizaciones sindicales dedicadas a la extorsión están ligadas al Revolucionario Institucional.

Pedro Gutiérrez Gutiérrez, al fijar el posicionamiento del CDE del PRI, exigió al Ejecutivo estatal diga públicamente ¿Cuál o cuáles organizaciones sindicales o no, dedicadas a la extorsión, están vinculadas al PRI, y de qué forma están vinculadas?

“Si existen sindicatos dedicados a la extorsión deben existir procesos penales. Que se diga, ¿cuántos de esos líderes sindicales corruptos han sido encarcelados en los siete meses del gobierno de Morena en el estado?”, insistió.

La aprobación de la “Ley del garrote” se convirtió en un escándalo nacional, a tal grado que el presidente de la República le ordenó al gobernador aclarar los alcances.

"La 'Ley del Garrote' es un atentado contra la libertad de manifestación. La gente tiene derecho a expresar su rechazo a una obra pública que se está haciendo mal, con materiales de pésima calidad con el propósito de lucrar con el presupuesto público. La gente tiene derecho a realizar marchas en protesta por haber sido rechazados de la universidad o por no recibir sus conquistas laborales y no puede ser criminalizada por ejercer ese derecho constitucional", afirmó.

Lamentó la represión de la que han sido víctimas recientemente varios grupos sociales en lo que va de este gobierno, han sido los primeros avisos de su tendencia autoritaria.

Avaló que los diputados del PRI, abandonarán la sesión en el Congreso el pasado lunes y respaldó los recursos que acuerden presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar dicha reforma.

Recordó que cuando fueron oposición bloquearon caminos rurales y carreras federales, organizaron éxodos, además que hicieron plantones permanentes en edificios y plazas públicas, bloquearon pozos petroleros, chantajearon a PEMEX y a las empresas particulares que le trabajan y hoy que son gobierno amenazan con encarcelar hasta por 20 años a quienes se manifiesten públicamente en contra de las autoridades de la cuarta transformación sin autoridad moral o política alguna.