En manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran cuatro controversias constitucionales en contra del Congreso de Tabasco, que han interpuesto los partidos políticos PRI y PVEM.
Se tratan de la reforma a la Ley del ISSET, la Ley de Obra Pública, y recientemente la ley Electoral que reduce al 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos de Tabasco y la que disminuye el número de regidores en la entidad.
El presidente del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, afirmó que el actual Congreso Local donde gobierna el partido MORENA, sus diputados actúan como empleados del gobernador.
En el caso de la Ley del ISSET fue impugnada desde el año 2016, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dio entrada al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Verde Ecologista y el PRI.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió un acción de inconstitucionalidad con el número 9 2016.
La molestia principal es que el ex gobernador Arturo Núñez Jiménez en la Iniciativa que envió planteo que se le descontara el 16 por ciento de las cuotas los trabajadores, algo que señalan PVEM, PRI y CNDH, que es algo inconstitucional.
Se demandó al Congreso del Estado y fueron 35 los artículos de la nueva Ley del ISSET que fueron catalogados como anti constitucionales y que se espera sean validados por la Corte.
Otra Decreto que fue impugnado fue la reducción del 50 por ciento de los gastos de financiamiento a los partidos políticos, que propuso el gobernador Adán Augusto López Hernández, siendo la ex PGR y los partidos PRI, PRD y PVEM, quien solicitaron a la Suprema Corte de Justicia invalidar esa reforma de Tabasco, que ordeno disminuir a la mitad el financiamiento público a partir del 2019.
Se hizo una reforma al Artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, publicada el 13 de octubre, misma que fue impulsada por Morena en el Congreso local.
La reforma fue avalada el 20 de septiembre, misma que reduce a 45.7 millones de pesos la cantidad de recursos para el financiamiento estatal para las actividades ordinarias permanentes de los partidos en 2019, en vez de los 91.5 millones originalmente programados.
Otro Decreto impugnado, es el presentado por la ex PGR y Derechos Humanos por la exención de licitaciones públicas y la facultad del gobernador para adjudicar directamente contratos en proyectos de infraestructura, bajo el argumento de la construcción de la Refinería en Tabasco.
La cuarta Ley impugnada, es la reforma a la Ley Electoral que reduce el número de regidores en Tabasco, y que promovió la Fracción Parlamentaria del PRI en la actual legislatura local y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido.
En la demanda se afirma se violentan diversos preceptos constitucionales, debido a se quitan los contrapesos y se permitirá la concentración de poder a los alcaldes, ya que solo con tres votos de regidores de los cinco que conformarán el Ayuntamiento, los ediles podrán poner a la venta bienes inmuebles propiedad del municipio o la concesión de servicios públicos a los particulares, lo que afectará no solamente a la hacienda municipal, sino también a los habitantes del municipio de que se trate.
