/ domingo 1 de septiembre de 2019

Proponen protocolo de actuación judicial a favor de ancianos

En el ámbito nacional estamos en pañales en la tarea de proteger los derechos del adulto mayor, a pesar de ser un grupo vulnerable, reconoció el presidente del tribunal colegiado en materia civil

En el ámbito nacional estamos en pañales en la tarea de proteger los derechos del adulto mayor, a pesar de ser un grupo vulnerable, reconoció Jorge Arturo Porras Gutiérrez, presidente del tribunal colegiado en materia civil de décimo circuito, al proponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales locales establezcan un protocolo de actuación judicial para proteger a los adultos mayores, mediante el cual se les garantice el acceso a la justicia.

Al dictar una conferencia alusiva al tema, auspiciada por el Poder Judicial tabasqueño, Porras Gutiérrez externó la necesidad de contar con protocolos, guías de actuación que pueden orientar a los juzgadores para tener lineamientos sobre cómo deben impartir justicia en casos donde haya adultos mayores, ya que en términos de la Constitución mexicana están considerados en la defensa y la protección de los grupos vulnerables.

Es un punto que jamás deben perder de vista los juzgadores, sobre todo por la situación de desequilibrio o desventaja en la que se encuentran los senectos al litigar frente a otras personas que tienen mayor poder económico o alguna cuestión incluso de salud que puedan mermarlos frente a sus contrapartes.

Ante el consejero de la Judicatura, Jesús Alberto Mosqueda Domínguez, el magistrado Samuel Ramos Torres, jueces civiles, proyectistas y actuarios reunidos en el auditorio Antonio Suárez Hernández, el magistrado federal sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el pleno del Tribunal Superior de Justicia deben diseñar estos protocolos de actuación porque son los representantes del Poder Judicial a niveles federal y estatal, por lo que ofreció su colaboración para contar con este instrumento en Tabasco.

Foto: Cortesía

Durante la conferencia convocada por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, el presidente del tribunal colegiado en materia civil señaló que en México los asuntos en los que mayormente se ven inmiscuidos los adultos mayores son de carácter patrimonial. A veces no pueden pagar una renta o una deuda y esto los lleva a cuestiones de desalojo. En otras ocasiones sucede quieren heredar en vida y el hijo abusa, al sacar a sus padres de su propiedad, refirió.

Afirmó que estas situaciones demuestran la nula educación de gratitud que tenemos para con nuestros padres o abuelos, lo que los coloca en una extrema vulnerabilidad.

Indicó que ante estas situaciones los juzgadores deben ser muy sensibles y atender mandatos establecidos en tratados internacionales, porque en el ámbito nacional estamos en pañales para proteger los derechos de los ancianos.

Porras Gutiérrez observó que es menester asegurarse que el senecto no esté en situación de desventaja y si se advierte existe hay que corregirla, porque el derecho de acceso a la justicia para el adulto mayor debe ser igual al de todos, es una manera de evitar la discriminación y naturalmente se debe proteger su dignidad.

Por tanto, ofreció al Tribunal Superior de Justicia tabasqueño y sus magistrados colaborar para elaborar el protocolo de actuación lo antes posible, dado que se trata de una asignatura pendiente del Estado mexicano, lo que aceptó el magistrado Samuel Ramos Torres quien le tomó la palabra.

El pasado 7 de junio, Jorge Arturo Porras dictó la conferencia Derechos de las personas mayores, a jueces locales, y aseveró que en el país cambió la visión que se tenía de los abuelos y el respeto a las personas mayores como fuente de sabiduría.

En esa ocasión planteó la necesidad de ser cuidadosos de los plazos procesales, para dar celeridad a los juicios, y “que el justiciable reciba la justicia en vida”.

Falta ratificación del Senado

El magistrado federal manifestó que si bien a nivel internacional existe el Protocolo de San Salvador para proteger los derechos de los ancianos, en México falta que el Senado de la República ratifique la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, “por eso hoy lo he dicho varias veces, ojalá que esto llegue a los oídos del Senado y que el Senado diga ‘Vamos a ratificar esto’”.

En representación del presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, el magistrado Samuel Ramos Torres entregó un reconocimiento a Jorge Arturo Porras Gutiérrez, a quien agradeció compartir su visión sobre el tema, lo que representa el preámbulo para voltear a ver a estas personas y romper situaciones de desequilibrio en las que se pueden encontrar.

Como Poder Judicial, subrayó, no se puede echar en saco roto lo analizado, pues además puede representar la oportunidad de ser pioneros en esta temática. Hay rubros en los que se ha descuidado a este sector de la población, incluidos la justicia, y se adolece de acciones afirmativas a su favor y es momento de traducirlo en hechos que puedan ser palpables para la sociedad, dijo.

En el ámbito nacional estamos en pañales en la tarea de proteger los derechos del adulto mayor, a pesar de ser un grupo vulnerable, reconoció Jorge Arturo Porras Gutiérrez, presidente del tribunal colegiado en materia civil de décimo circuito, al proponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales locales establezcan un protocolo de actuación judicial para proteger a los adultos mayores, mediante el cual se les garantice el acceso a la justicia.

Al dictar una conferencia alusiva al tema, auspiciada por el Poder Judicial tabasqueño, Porras Gutiérrez externó la necesidad de contar con protocolos, guías de actuación que pueden orientar a los juzgadores para tener lineamientos sobre cómo deben impartir justicia en casos donde haya adultos mayores, ya que en términos de la Constitución mexicana están considerados en la defensa y la protección de los grupos vulnerables.

Es un punto que jamás deben perder de vista los juzgadores, sobre todo por la situación de desequilibrio o desventaja en la que se encuentran los senectos al litigar frente a otras personas que tienen mayor poder económico o alguna cuestión incluso de salud que puedan mermarlos frente a sus contrapartes.

Ante el consejero de la Judicatura, Jesús Alberto Mosqueda Domínguez, el magistrado Samuel Ramos Torres, jueces civiles, proyectistas y actuarios reunidos en el auditorio Antonio Suárez Hernández, el magistrado federal sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el pleno del Tribunal Superior de Justicia deben diseñar estos protocolos de actuación porque son los representantes del Poder Judicial a niveles federal y estatal, por lo que ofreció su colaboración para contar con este instrumento en Tabasco.

Foto: Cortesía

Durante la conferencia convocada por la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, el presidente del tribunal colegiado en materia civil señaló que en México los asuntos en los que mayormente se ven inmiscuidos los adultos mayores son de carácter patrimonial. A veces no pueden pagar una renta o una deuda y esto los lleva a cuestiones de desalojo. En otras ocasiones sucede quieren heredar en vida y el hijo abusa, al sacar a sus padres de su propiedad, refirió.

Afirmó que estas situaciones demuestran la nula educación de gratitud que tenemos para con nuestros padres o abuelos, lo que los coloca en una extrema vulnerabilidad.

Indicó que ante estas situaciones los juzgadores deben ser muy sensibles y atender mandatos establecidos en tratados internacionales, porque en el ámbito nacional estamos en pañales para proteger los derechos de los ancianos.

Porras Gutiérrez observó que es menester asegurarse que el senecto no esté en situación de desventaja y si se advierte existe hay que corregirla, porque el derecho de acceso a la justicia para el adulto mayor debe ser igual al de todos, es una manera de evitar la discriminación y naturalmente se debe proteger su dignidad.

Por tanto, ofreció al Tribunal Superior de Justicia tabasqueño y sus magistrados colaborar para elaborar el protocolo de actuación lo antes posible, dado que se trata de una asignatura pendiente del Estado mexicano, lo que aceptó el magistrado Samuel Ramos Torres quien le tomó la palabra.

El pasado 7 de junio, Jorge Arturo Porras dictó la conferencia Derechos de las personas mayores, a jueces locales, y aseveró que en el país cambió la visión que se tenía de los abuelos y el respeto a las personas mayores como fuente de sabiduría.

En esa ocasión planteó la necesidad de ser cuidadosos de los plazos procesales, para dar celeridad a los juicios, y “que el justiciable reciba la justicia en vida”.

Falta ratificación del Senado

El magistrado federal manifestó que si bien a nivel internacional existe el Protocolo de San Salvador para proteger los derechos de los ancianos, en México falta que el Senado de la República ratifique la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, “por eso hoy lo he dicho varias veces, ojalá que esto llegue a los oídos del Senado y que el Senado diga ‘Vamos a ratificar esto’”.

En representación del presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, el magistrado Samuel Ramos Torres entregó un reconocimiento a Jorge Arturo Porras Gutiérrez, a quien agradeció compartir su visión sobre el tema, lo que representa el preámbulo para voltear a ver a estas personas y romper situaciones de desequilibrio en las que se pueden encontrar.

Como Poder Judicial, subrayó, no se puede echar en saco roto lo analizado, pues además puede representar la oportunidad de ser pioneros en esta temática. Hay rubros en los que se ha descuidado a este sector de la población, incluidos la justicia, y se adolece de acciones afirmativas a su favor y es momento de traducirlo en hechos que puedan ser palpables para la sociedad, dijo.

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