Tras señalar que las investigaciones sobre la denuncia que se presentó en el mes diciembre por las irregularidades del FIDEET están empantanadas porque hay conflictos de intereses por parte del Órgano Superior de Fiscalización y el sistema estatal anticorrupción, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio Antonio Reyes Ramos, consideró que el ejecutivo estatal no es quien tiene la última palabra en el conflicto por el adeudo a proveedores del gobierno del estado.
Indicó que a quienes la pasada administración les quedó debiendo algún pago por la prestación de un bien o servicio, tienen la instancia de acudir ante los tribunales que son los que deberán dirimir este asunto.
“De modo que podría decir el gobernador que no se va a pagara los proveedores, pero los empresarios pueden interponer sus juicios civiles o mercantiles y será un juez que determine, que por ahí debieron haber empezado los proveedores, por demandar el pago”,afirmó.
Sin embargo, dijo que para ello tienen que demostrar que la operación haya sido parte de la adquisición de la anterior administración, y de ser así las nuevas autoridades no tendrían la última palabra, y más aún si se habla de que México es un país transformado en donde las leyes se van a aplicar.
