De los casi dos mil presos instalados en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da cuenta de las pésimas condiciones de vida que mantienen; el hacinamiento como dato especial; las deficiencias en la salud, la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección; y así, a una larga lista de situaciones que denotan, la presencia de cobros por extorsión y sobornos, y aparte, la ingobernabilidad dentro de la prisión donde los internos viven un “infierno”.
En este último asunto, de acuerdo a datos precisos, existen en la prisión del estado 16 reos con la enfermedad de tuberculosis, los que presuntamente no reciben la atención médica adecuada y lamentablemente, otros 17 con VIH (virus de Inmunodeficiencia humana), infección que lleva al SIDA; internos que en ambos casos, cuando menos, se mantienen aislados de la población.
El director del penal, Juan Manuel Arteaga, guarda con hermetismo toda la información de lo que sucede dentro del reclusorio estatal, ya que no proporciona ninguna información.
El Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), de acuerdo a datos, tiene una capacidad de “albergue” para no más de mil 185 hombres y el espacio para 140 mujeres.
Hoy, la cifra exacta es de mil 873 hombres, es decir que son 688 internos más, que rebasan la capacidad de que tiene el penal.
Se tienen 103 mujeres de internas, es decir, que el espacio de las presas es aceptable, ya que tienen capacidad para 140
Existen presos con enfermedades mortales; entre la población se contabilizan 16 reos con la enfermedad de la tuberculosis, que presuntamente no reciben la atención médica adecuada y peor aún, otros 17 con VIH (virus de Inmunodeficiencia humana), infección que lleva al SIDA; reos que en ambos casos, cuando menos, se dice se mantienen aislados de la población.
Esta es información del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) anual, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que da cuenta que en los centros penitenciarios del país, en este caso Tabasco, internos tienen una difícil situación en la prisión.
De entre muchas cosas que ocurren dentro de la prisión y que todo se omite y se ordena callar, surgen casos documentados que fueron los destacados, el año pasado en los meses de Febrero y Marzo, donde se evidenció la corrupción y encubrimiento en su máximo esplendor, por ejemplo en Septiembre, riñas por el control de áreas del penal que dejaron heridos y muertos.
Como primer antecedente, la denuncia de vigilantes, previo a un paro laboral fuera de las instalaciones en contra de jefes; de altos mandos a quienes acusaron de traficar con drogas, alcohol, celulares y robo de combustible entre otras cosas.
El representante y líder de los quejosos, Raúl Jerónimo Amaya pidió la intervención de autoridades gubernamentales, y el asunto, ocurrido en principios de Febrero del año pasado, no pasó a más.
También en febrero del 2019, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, abrió una queja por la presunta violación sexual ocurrida en el interior del centro penitenciario y de la cual Pedro Calcáneo Aguelles, en calidad de presidente del organismo confirmó el hecho.
Independientemente de lo ocurrido, la CEDH dio cuenta de la serie de deficiencias en la infraestructura del sector salud luego de dar cuenta de un video en donde médicos tuvieron que operar, apoyándose con una linterna de un dispositivo electrónico.
En Marzo, del año pasado, también se sabría, por mismos presos, de un acto brutal. La tortura de un compañero preso acusado de soplón. El interno fue sometido; interrogado. Confesó trabajar para un mafioso apodado “El Gato” y quien de una pariente recibía la droga y la entregaba a vigilantes del Creset.
El reo, acabó hospitalizado tras recibir una andanada de tablazos. El detalle es que los mismos internos filmaron con un celular el ataque y luego distribuyeron el mismo en redes sociales; según, no se permite el acceso a este tipo de equipos.
No hubo investigación interna y evidentemente, ningún “detenido” por la agresión, aunque en el video se mostraron claramente a los agresores.
A finales del mes de septiembre, se evidenció con una riña que dejó dos muertos y cinco heridos graves, la pelea por el control de áreas del penal. A las afueras del edificio dos sentenciados se enfrentarían varios internos. Una semana más tarde, el gobierno del estado, determino el traslado de al menos una docena de presos a diversos centros penitenciarios de la entidad a fin de controlar la situación, en este caso, en la prisión del Estado.
En Tabasco, sus ocho cárceles, ubicadas en los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique, registra una población penitenciaria de 3 mil 805 personas, más otras 55 personas, todas menores de edad y de los que 11 son mujeres quienes permanecen en el Centro de Internamiento para adolescentes.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), es una atribución conferida en el artículo 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el cual examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.
El Centro de Reinserción Social de Tabasco, dentro de la supervisión a detalle del año 2017, y que hasta el 2019 se mantuvo, detectó una serie de hechos de los que con oportunidad exhortó a las autoridades de competencia prestar atención.
