El dictamen de la llamada "Ley Antipirataje", que sería aprobada en próximas horas en el Congreso local, quedó muy "light" porque no contempla verdaderas penas que castiguen con severidad a quienes ofrecen el servicio de transporte de manera irregular.
El presidente de la Alianza del Transporte Escolar del Estado de Tabasco, David Hernández Jiménez, refirió que se requiere una reforma que beneficie a los transportistas y al mismo garantice un servicio de calidad para los ciudadanos.
Y es que todo parece indicar que las penas fijadas a quienes incurran en esta práctica son muy “flojas”, cuando los transportistas esperaban sanciones más severas que en verdad sirvan para frenar esta desleal competencia.
Dijo que en la propuesta original se contemplaba cárcel de hasta 10 años, pero en la actual las penas son de 2, además de que las sanciones económicas no llegan ni a los 10 mil pesos, cuando se esperaba que fueran de hasta 80 mil.
Consideró lamentable que el Legislativo no haya tomado en cuenta las observaciones hechas y enviadas a la Comisión de Transporte por la secretaria de Movilidad, Egla Cornelio Landero, quien es una amplia conocedora del derecho, restándole instrumentos jurídicos a la aplicación de la ley en su momento.
Al mismo tiempo, el líder transportista denunció que en su sector se han detectado alrededor de 110 unidades piratas "piratas" en escuelas públicas y privadas de todo el estado.
Por lo que hizo un llamado a los padres de familia a que antes de contratar este servicio constaten que traigan placas autorizadas por la Secretaría de Movilidad así como seguro para el pasajero y que chofer está bien debidamente acreditado por la dependencia.
En ese sentido, lamentó que a bordo de unidades que operan de manera irregular se han cometido una serie de ilícitos como asaltos, violaciones y hasta secuestros.
Comentó que hubo completa disposición y voluntad política por parte de la Comisión de Transporte para abonar lo necesario a esta iniciativa de ley.
Aunque no precisó a cuánto ascienden las pérdidas mensuales por causa de esta práctica ilegal, Hernández Jiménez comentó que hasta finales del año pasado su sector se encontraba en cartera vencida.
"Teníamos en pérdidas un 60 por ciento y nos hemos ido recuperando no obstante no que un 40 por ciento de las unidades no están operando", dijo.
