El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Tabasco, Gerald Washington Herrera Castellanos, presentó un exhorto al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones audite a fondo y de manera integral el procedimiento de la adquisición de todos los bienes que adquirió el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSET) a cargo de Fernando Mayans Canabal para la atención de las personas afectadas por Covid-19.
El diputado indicó que se deben llevar a cabo la o las auditorias que sean necesarias respecto de las adquisiciones de bienes y servicios que realizó el ISSET durante el año 2020, con la empresa constructora CM del Golfo, a la que le compró medicinas, material hospitalario, batas quirúrgicas, cubrebocas, caretas, termómetros y otros bienes para la atención del Covid-19, a fin de constatar, si el procedimiento desde el inicio hasta el final se realizó conforme a derecho, si los precios en que se compró son razonables; si los productos adquiridos entraron completos y salieron debidamente del almacén o en su defecto, detectar las irregularidades que se hubieren cometido, para que se proceda legalmente en contra de los responsables.
Dijo que al respecto existen señalamientos de corrupción, conflictos de intereses entre otros, ya que las y los tabasqueños merecen saber con certeza si hubo o no un buen manejo conforme lo establecen la Constitución y las leyes secundarias aplicables.
Entre otras cosas en la exposición de motivos señaló que el articulo 134 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia señalan que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.
"Esos mandatos constitucionales que tienen a proteger la hacienda estatal y municipal, parecen no ser del agrado de quienes gobiernan actualmente, ya que como se recordará, el día 27 de octubre de 2018, la fracción parlamentaria de Morena, mediante Decreto 001, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7941, de fecha 13 de octubre de 2018, aprobó reformas y adiciones a las leyes de adquisiciones y de obras públicas del estado, para otorgar facultades a los entes públicos estatales y municipales para adquirir toda clase de bienes y servicios o contratar obra pública de manera directa, es decir, sin necesidad de hacer licitaciones públicas, violentando el mandato constitucional", explicó.
Agrego que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 99/2018 y su acumulada 101/2018, con fecha 6 de julio de 2020, declaró la invalidez de ese abusivo desacierto.
Sin embargo, se busca la forma de burlar la Ley pues como se ha dado a conocer recientemente derivado de la pandemia ocasionada por la Covid-19, funcionarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, aprovecharon para realizar adjudicaciones directas con el fin de adquirir diversos bienes presuntamente para atender esa enfermedad.
Esas adquisiciones según lo han reconocido tanto el titular del ISSET como el propio gobernador del estado, se realizaron a precios por encima de los precios de mercado.
"De manera particular el director general del ISSET, Fernando Enrique Mayans Canabal, reconoce el sobre precio de varios productos, pero la justifica, señalando que fue la propuesta más económica y de mejor calidad.
Ante esas versiones contradictorias como los tabasqueños merecen conocer la verdad, es necesario que este Congreso intervenga y haciendo uso de las facultades legales y constitucionales que la Ley le confiere, con el fin de tener mayores elementos para calificar la cuenta pública del año 2020, ordene se lleven a cabo las auditorias respectivas".
