.jpeg "osfe (1).jpeg")
En una década, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) ha presentado 75 demandas penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las irregularidades de más de mil millones de pesos registradas en las cuentas públicas, de las cuales solo ha logrado concluir dos expedientes, y en dos de los casos, el Ministerio Público decidió no investigar; el resto se encuentra en trámite.
En el informe entregado por el OSFE a El Heraldo de Tabasco vía transparencia, muestran que en más de una década se han judicializado 75 expedientes, como resultado de las irregularidades encontradas en las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de los años 2008 al 2019; a pesar de que la cuenta pública 2020 se calificó el año pasado, no se ha desprendido ningún procedimiento judicial hasta el mes de octubre del presente año.
Lee más: Recursos del nuevo distribuidor vial de Av. Universidad están siendo fiscalizados por ASF
Así mismo, en este mismo periodo sólo se han concluido dos expedientes. El primero correspondiente a irregularidades por 29 millones de pesos en la cuenta pública del 2009 del Ayuntamiento de Jalapa, y la segunda es la relacionada con la compra del edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, detectada en la cuenta pública del 2011, con un daño al erario por 13 millones de pesos.
La relación de expedientes entregados a esta casa editorial por el órgano revisor del Poder Legislativo, muestra que en dos casos relacionados con las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Cárdenas y Huimanguillo correspondientes al 2017, con posibles daños por 27 millones de pesos y 122 mil pesos respectivamente, el agente investigador decidió terminar el proceso por considerar que no existía ningún delito Los restantes 71 expedientes continúan en proceso de investigación.
Recibe a partir de ahora las noticias más importantes directo a tu WhatsApp
En total, el daño causado por funcionarios públicos municipales y estatales, asciende a mil 19 millones de pesos, de los cuales 522 millones de pesos provienen de irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2018, entre los que destacan los daños causados al Ayuntamiento de Jonuta y Macuspana, con 164 millones de pesos y 118 millones de pesos respectivamente, mismos que pasaron por el Congreso del estado en su momento.
El segundo año negro para el uso de recursos públicos es el 2009, cuando se detectó el mal uso de 160 millones de pesos. A pesar del daño causado, en una década de trabajo sólo se han cerrado cuatro expedientes, dos con sanciones y dos mas sin ningún sancionado.
Muchas han sido las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador, especialmente durante el sexenio del perredista Arturo Núñez Jiménez por presuntos desvíos de recursos en diferentes áreas; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ninguna sanción penal al respecto.
