Alfredo Álvarez Priego, titular de la Empresa Construcciones y Agregados Soprogal SA de CV, denunció extorsión y diversos abusos que ha sufrido por parte de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en Tabasco, que se ha valido de inspecciones irregulares, intimidación y hasta falsificación de firmas.
Indicó que el caso es tan serio que ya acudió al órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; además de que ha enviado escritos ante la Secretaría de Gobierno y al propio gobernador Carlos Manuel Merino Campos.
Dijo que por negarse a entregar una suma millonaria, le clausuraron la gravera localizada en el municipio de Macuspana, que desde los años 80 está siendo explotada en un rancho propiedad de su familia, tiempo en el que se ha cumplido con tener al día los permisos necesarios.
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Sin embargo, personal de la dependencia acudió al lugar para exigirle dinero o de lo contrario le impondrán una sanción bajo el argumento de que no pagó a tiempo los derechos, aunque tiene sus recibos expedidos por la Secretaría de Finanzas.
Dijo que demostró que eso era erróneo, pero como no quiso evadir la multa con un 'moche', le pusieron sellos de clausura, aunque sin entregarle un documento que sustente esta acción. Lo más extraño es que procedieron contra la empresa por supuestos daños ecológicos al entorno, cuando lo están manejando como un asunto administrativo.
Y es que mientras los sellos de clausura indican que esta se da por un inminente "desequilibrio ecológico" o daño grave a los recursos naturales, la notificación precisa que la clausura se da por incumplir con el pago de derecho de extracción de grava, "lo que además de ser falso, no es causal para clausura".
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"A partir del 2020 en este nuevo gobierno, esta nueva administración, hemos sido extorsionados, han usado métodos para intimidarnos y extorsionarnos", dijo. Al principio -continuó- fueron inspectores, pero de ahí, ya se empezó a manejar de otro nivel, de los subsecretarios de la Secretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático.
En ese sentido, indicó que contrató profesionales capacitados en este tipo de asuntos legales, quienes indicaron que se están basando en leyes obsoletas.
"Hablan de que mis permisos van a ser totalmente cancelados y que debo una multa muy millonaria, por todos los daños que causado a la ecología cosa que no es cierto, porque es un rancho que desde que mi padre lo adquirió se dedicó a la ganadería, toda la vida, han sido pastizales", expuso.
Y añadió que: "entonces realmente no hay ningún árbol, nada de que ellos tengan prueba, todo lo que es el banco de piedra o el cerro, pues no hay árboles, pues solamente una vegetación común como cualquiera”. Explicó que promovió un recurso de revisión ante la contraloría interna de la citada dependencia, sin embargo no recibió contestación, por lo que procedió a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública.
Puntualizó que a partir de ahí subieron de intensidad los hostigamientos a grado tal que usaron a elementos de seguridad pública municipal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la misma Guardia Nacional buscando intimidarlos.
"No siento que haya sido con derecho, porque en primer lugar este es un asunto administrativo y hemos sido grandemente violentados en nuestros derechos. La última vez, fue el 13 de abril, llegaron hasta la Guardia Nacional, a clausurarse la entrada del rancho, violaron todos mis derechos, yo tengo denuncias, ante la Procuraduría porque me dejaron encerrados a trabajadores, familias que viven dentro del rancho”, expuso.
Aunque no dió nombres, el empresario señaló que altos funcionarios y operativos de esa Secretaría están relacionados con estás extorsiones e intimidaciones. "Hasta la fecha no han dejado de hacerlo, aunque saben que ya metimos nuestra denuncia al órgano interno ellos siguen insistiendo”, afirmó.
Incluso, recientemente, el pasado miércoles llegó personal hasta la entrada de su propiedad para decirle que sus permisos serán totalmente cancelados. Por lo que pidió que el Poder Ejecutivo le dé una respuesta, pues a la fecha no le ha contestado aunque envió un oficio con todos los pormenores de este caso. "No se vale que quieran quebrar a las empresas así", expresó.
