Tres denuncias presentadas hay en la Secretaría de la Función Pública, en contra de ex funcionarios de dependencias estatales, pero por la secrecía de las investigaciones y de las personas, no se dan a conocer los pormenores, indicó su titular Jaime Antonio Farías Mora.
El funcionario estatal afirmó que todo lo relacionado con auditorías del ejercicio fiscal 2018, prácticamente ya deben de estar concluyendo, una parte fue en diciembre y la otra en enero, ahora continúan el proceso de investigación, agregó.
En el caso del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, indicó que de acuerdo al artículo 20 constitucional, deben de ser respetuoso de presunción de inocencia. Nosotros no podemos señalar a alguien sino hay el fundamento, esa es la parte que tenemos que trabajar, subrayó.
Como secretaría tenemos que demostrar todas aquellas irregularidades que en su momento los nuevos servidores que fueron ingresando, documentarla para poder presentar las demandas.
Existe la garantía que habrá aplicación de la ley para quienes resulten responsables, la instrucción del gobernador Adán Augusto López Hernández, es que todo sea acuerdo apegado a la ley.
Con relación a la presunta denuncia en contra de Mayra Elena Jacobo, titular de la SEDET, por responsabilidades e irregularidades en el contrato de adquisiciones adjudicado a dicha empresa en la Licitación Pública Nacional número LPN-29022001-006-19, acentuó que en la dependencia estatal no existe alguna, directamente contra ella no tenemos nada, comentó.
Hay tres maneras que puede presentarse, por auditoría, queja o de oficio, pero nosotros no tenemos de momento ahorita nada, recalcó.
En otro tema, expuso que dentro de los trabajos prioritarios para el 2020, tienen que concluir las partes de auditorías y que ya trabajan en ellos, desde el año pasado.
Y lo que continúan es todo el proceso de investigación, los asuntos que tienen que canalizarse, que quedaron pendientes a finales del 2019 y que ahorita van a continuar su segunda etapa.
De una vez que la investigación determine, los asuntos que llegarán a pasar a denuncias, son los que continuaría su siguiente proceso.
Igual habló que por no estar habilitada la línea de cajas en la Secretaría de Administración y Finanzas, se buscó una media alterna en la Secretaría de la Función Pública para canalizarlos a un banco y poder hacer el trámite de la cédula de inhabilitación. Dijo que atenderían alrededor de 250 personas.
