Cansados de los constantes acosos por parte de elementos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), conductores de Uber y Didi solicitaron ante el Congreso de Tabasco que se regularicen los permisos para este servicio de transporte.
Fue la mañana de este miércoles 15 de noviembre de 2023 que los choferes del servicio público de plataforma que se manifestaron frente al recinto legislativo, argumentando que a diario son víctimas de acoso y extorsión.
Te puede interesar: ¿Cómo recuperar objetos olvidados en Uber, DiDi e inDriver? Te contamos
PRD presenta exhorto para regular el servicio de transporte por aplicación
Al grito de "regulación, regulación" y con pancartas con leyendas como "No somos delincuentes, somos ciudadanos trabajando" y "Queremos una regulación justa", decenas de integrantes de la asociación Conductores Privados de Plataformas de Tabasco (Copplatab) ingresaron al recinto legislativo para apoyar la propuesta presentado por el diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Álvarez Carrillo.
Dicha propuesta con punto de acuerdo contiene un exhorto al gobernador Carlos Manuel Merino Campos, así como a los titulares de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Narciso Oropeza Andrade, y de la Fiscalía General del Estado (FGE), Nicolás Bautista Ovando, para que otorguen una moratoria para la regularización de los conductores privados por aplicación.
En la exposición de motivos, Álvarez Carrillo refirió que a pesar de que este servicio ya fue regularizado en varias partes de la república, como la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara, Quintana Roo y Yucatán, entre otros, en Tabasco el reglamento contemplado dentro de la Ley de Movilidad desfavorece a los prestadores de este servicio, derivando en lo que llamó una verdadera cacería, siendo "pública y notoria la perversidad de no dejarlos trabajar honestamente.
Refirió que por ser un modelo de negocios diferente al de los taxis, este servicio no es concesionado, pues no acuadra en los requisitos establecidos en el Artículo 28 Constitucional, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió "que este servicio no se debe considerar público por lo que no se debe regular de tal manera y por ende no es concesionable y su regulación en el estado es inconstitucional".
Añadió que los más de mil 500 conductores por aplicación que hay en el estado, el cual cuenta con un amplio apoyo por parte de la sociedad, representan a la misma cantidad de familias, representando una forma honesta de ganarse la vida al constituir una opción de autoempleo que les permite generar ingresos para su sustento; además de que alrededor de un 20 por ciento de quienes brindan este servicio son mujeres.
Destacó además que utilizar este tipo de transporte brinda comodidad y calidad, además de que, contrario a lo expresado por las autoridades, los conductores y vehículos están al corriente en sus pagos de impuestos; y su legalización generaría a las arcas estatales un ingreso de alrededor de 10 millones de pesos por cada periodo.
Actualmente hay más de mil vehículos de dos plataformas que operan en la entidad, indicó la conductora Aleida Ruiz. "Hemos tenido que pagar alrededor de 100 mil pesos de multa incluyendo grúa, pago de impuestos y demás, por lo que es imposible solventar, porque nuestros ingresos no alcanzan para pagar esas multas", señalaron.
Es por ello que exigen a los diputados para que atiendan sus demandas y busquen una solución inmediata para poder seguir trabajando por sus familias.
