La coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Casilda Ruiz Agustín, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que propone aplicar sanción de dos a cinco años de prisión y hasta trescientos días multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
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Se aumentará al doble de la sanción a que refiere el presente artículo al padre, madre o tutor de personas menores de dieciocho años de edad, que sometan a tratamientos, servicios o terapias que pretendan cambiar su orientación sexual y/o identidad de género.
Si la conducta se lleva a cabo con incapaces, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija en el presente artículo se aumentará al doble. Este delito se perseguirá de oficio.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora expuso que uno de los grandes pendientes en materia de derechos humanos, es el respeto a la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, que se ven vulnerados con las terapias de conversión que, a través de métodos no aceptados por la ciencia de la salud
Y es que estos buscan cambiar la orientación sexual y/o la identidad o expresión de género de las personas. "Por esto Movimiento Ciudadano ha luchado por la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de los sectores históricamente excluidos, discriminados e invisibilizados: como lo es la comunidad LGBTTTI", expresó.
Dijo que, se está manera ratifica su compromiso con estos grupos impulsando esta iniciativa mediante la cual propone penalizar las terapias de conversión o cualquier tipo de esfuerzos para corregir la orientación sexual e Identidad de género.
